En Bolívar, la creciente preocupación por las altas tarifas de energía eléctrica ha desatado protestas y quejas entre los ciudadanos, especialmente en municipios como Arjona, cercano a Cartagena. La comunidad local ha manifestado su descontento con las facturas elevadas, que van desde cien mil hasta un millón de pesos, y en algunos casos, cobros exorbitantes que alcanzan hasta 30 millones de pesos. La Personería Municipal de Arjona ha solicitado una revisión urgente de la fórmula tarifaria de energía eléctrica por parte del Gobierno, la Superintendencia de Servicios Públicos y la CREG. El problema ha llegado a tal punto que los bolivarenses se enfrentan a un dilema entre pagar las facturas de energía o satisfacer necesidades básicas. El diputado Jorge Rodríguez ha destacado la urgencia de desarrollar políticas públicas que fomenten el uso de energías renovables para reducir significativamente los costos del servicio y permitir a los ciudadanos priorizar su alimentación. La secretaria de Minas y Energía del departamento, Enilse Rodríguez Rodríguez, ha subrayado que la situación actual ha convertido la energía en una necesidad crítica. La administración local enfrenta gastos mensuales de hasta 600 millones de pesos en el Hospital Universitario y 170 millones en la Gobernación, lo que representa una carga financiera considerable. Rodríguez ha anunciado planes para implementar proyectos de energía renovable, incluyendo paneles solares y granjas eólicas, con el objetivo de reducir costos y redistribuir los ahorros en otras áreas esenciales. En Bolívar, se considera que la transición hacia una matriz energética sostenible no solo es viable, sino necesaria, dado el potencial del departamento para generar energía renovable. El corregimiento de Galerazamba, en Santa Catalina, se perfila como un punto clave para futuros proyectos de energía eólica. Este llamado a la acción refleja una creciente conciencia sobre la necesidad de reformar el sistema energético del departamento para garantizar una oferta de energía accesible y sostenible para todos los bolivarenses

Aguas de Cartagena anunció que el próximo 12 de marzo de 2025 se llevarán a cabo labores de empalme en las redes de acueducto en distintos puntos de la ciudad, lo que ocasionará interrupciones y suspensiones en el suministro de agua en varias zonas. Uno de los principales trabajos se realizará en el tanque El Carmelo, con el propósito de mejorar la distribución del servicio. Debido a esto, barrios como Villa León, El Campestre, Blas de Lezo, Ternera, San Fernando, Los Ciruelos, Simón Bolívar, La Concepción, Sevilla Real, El Recreo, Nabonasar, entre otros, no contarán con agua desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Adicionalmente, la instalación de una estación reguladora de presión en una tubería de 400 milímetros de diámetro afectará el suministro en sectores cercanos a la vía a Mamonal. Los barrios que experimentarán intermitencia en el servicio incluyen Arroz Barato, Nelson Mandela, Albornoz, Bellavista, Mamonal, Nuevo Campestre, Santa Clara, Río Elba y 20 de Julio, entre otros, entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m. Desliza y consulta la lista completa de barrios afectados.

Una de las medidas que ha sorprendido al mundo por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la firma de la orden ejecutiva que suspende temporalmente el programa de ayudas económicas al exterior. La decisión, que va por 90 días, colocará en estudio a los países a ver si se alinean a con intereses estratégicos en torno al narcotráfico, migración y crisis política.  Hablando de Colombia, estarían en vilo acerca de 380 millones de dólares que entran de la nación americana como un impulso para la lucha antidrogas y proyectos que giran a favor de la inversión social. Durante este periodo, la administración de Trump evaluará, si Colombia presenta condiciones para visibilizar la gestión de este importante recurso.  Sin duda, la puesta en pausa de la ejecución de estos recursos no solo repercute en el ámbito político de Colombia, sino en las comunidades colombianas que dependen de estos recursos. Dicha suspensión  resalta la presión que desde dicho gobierno se hace para garantizar que los países receptores estén alineados a los intereses y prioridades del mundo global.