En el barrio Getsemaní se alza la primitiva ermita de San roque, cuya historia se remonta al siglo XVII. Construcción está ubicada en la calle del espíritu Santa, elegida como respuesta a una devastadora epidemia que azotó la ciudad a mediados de siglo. El desespero de la época y fuerte fe cristiana, llevo al cabildo de Cartagena a emprender esta edificación en un complejo conformado en hospital y una ermita dedicados a San roque, un santo protector contra las plagas, enfermedades, una obra, concebida en 1654, que estuvo a cargo de los religiosos de la orden de San Juan de Dios, quienes se encargaban de la atención de los enfermos. Estas obras enfrentaron complicaciones. A tan solo dos años de iniciarse, en 1656, fueron suspendidas por orden de la Corona española, por rumores de que el proyecto tenía como objetivo beneficiar a religiosos, provocando una interrupción en la construcción. Religiosos, decididos a completar la obra, apelaron al Consejo, que tras una revisión resto la credibilidad a las acusaciones y ordenó la continuación de la construcción. La ermita y el hospital finalmente se completaron, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y fe en tiempos de crisis. Se mantiene como un monumento a la historia de Cartagena. Con su planta rectangular, techumbre de madera, campanario de dos cuerpos y su sobria puerta adintelada, reflejan la funcionalidad y humildad de las construcciones en esa época. Hoy, la ermita de San Roque sigue siendo un recordatorio de la resistencia y la fe de una comunidad que enfrentó la adversidad y buscó refugio en su creencia religiosa.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.