La Farmacia Blanca, situada en la emblemática calle de la Media Luna, se convirtió en un pilar fundamental de la comunidad, gracias a su propietario, un destacado químico farmacéutico graduado de la Universidad de Cartagena. Aunque no era médico, su reputación como un experto en la formulación de remedios lo llevó a ser considerado infalible por muchos. Entre sus creaciones se encontraban el jarabe “Concreto” para la tos, el expectorante Castilla, y un variado repertorio de tratamientos que incluían glicerina, mentol cristalizado, y árnica, entre otros. Tambien te puede interesar: ¿Cómo ganar dinero con BetWinners? Fundada en 1945 tras la adquisición de una sucursal de la farmacia Santa Teresita, Don Eduardo Castilla Pájaro rebautizó el establecimiento como Farmacia Blanca, un nombre que resonó durante más de seis décadas en la comunidad. Su profundo conocimiento y habilidad en la química farmacéutica lo convirtieron en un profesor querido en su alma mater, donde también se destacó como uno de los primeros estudiantes de la nueva carrera que apenas comenzaba en la universidad. Su fallecimiento a los 93 años marcó el fin de una era, pero su legado sigue vivo en la memoria de aquellos que se beneficiaron de sus remedios y en la admiración que generó en quienes conocieron su dedicación y pasión por la farmacia. La historia de la Farmacia Blanca es un testimonio de un tiempo en el que la ciencia y el arte de sanar se entrelazaban en cada frasco, dejando una huella en la comunidad. Fuente. El Getsemanicense

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.