El próximo martes 19 de noviembre, 100 tenderos de Cartagena darán inicio al programa ‘Mi Tienda 2.0’, impulsado por la Secretaría de Hacienda Distrital y Fenalco Bolívar, misma iniciativa busca fortalecer el comercio local mediante asesorías y capacitaciones específicas. El programa proporcionará a los tenderos herramientas clave, desde técnicas de marketing y ventas hasta formación en finanzas y acceso a plataformas de comercio electrónico, donde se el objetivo es que estos pequeños comerciantes se adapten a un entorno cada vez más digital y competitivo. En ese sentido, María Camila Salas, secretaria de Hacienda expresó: «Con ‘Mi Tienda 2.0’, buscamos dar a los comerciantes las herramientas necesarias para crecer y ofrecer un mejor servicio». Siendo así, se espera que ‘Mi Tienda 2.0’ se convierta en un modelo de crecimiento para el sector, puesto que con este programa, los tenderos podrán mejorar la calidad de sus servicios, impactando positivamente a sus comunidades.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.