La Universidad Libre sede Cartagena anuncia el lanzamiento de un innovador Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho, diseñado para ofrecer más práctica que teoría en la formación de operadores jurídicos. El programa, que tendrá una duración de 80 horas y se desarrollará en modalidad mediada por tecnologías, busca capacitar a abogados, jueces y demás profesionales del sector en el uso real de herramientas tecnológicas para transformar sus procesos judiciales y administrativos. Una característica distintiva de este diplomado es que será impartido bajo la modalidad de docencia unipersonal, con el juez Juan Manuel Padilla García como único docente. Reconocido pionero en Colombia por incorporar inteligencia artificial en sentencias judiciales y formado en la Universidad de Buenos Aires, Padilla será el encargado de guiar de principio a fin cada módulo, asegurando un enfoque coherente, profundo y personalizado para los participantes. Durante ocho semanas, los estudiantes aprenderán a aplicar IA en análisis de datos jurídicos, redacción asistida, valoración probatoria, jurisprudencia predictiva y automatización de procesos. Además, el programa incluirá la certificación mediante blockchain e insignias digitales, garantizando validez internacional. Con este diplomado, la Universidad Libre reafirma su compromiso con la innovación y la actualización profesional en un entorno jurídico cada vez más tecnológico. 314 2920243

¡Gran noticia para los amantes de la música para enamorados! El cantante Fonseca regresa a Cartagena el próximo 13 de septiembre, como parte de su tour Tropicalia. Este evento musical promete ser uno de los más destacados de la temporada de amor y amistad en la ciudad. 📅 Los fanáticos del artista podrán adquirir sus entradas a partir del 31 de marzo, fecha en la que se abrirán las ventas a través de https://latiquetera.com/site/fonseca-tropicalia-tour-2025. Con su regreso a Cartagena, Fonseca busca brindar una experiencia única a sus seguidores, interpretando sus éxitos y temas más recientes.

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, denunció el secuestro del productor ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar, hecho que atribuyó presuntamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este suceso se suma a otros casos recientes, como el secuestro de cinco ganaderos en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, y el caso del productor Cristian Serrano, privado de la libertad en noviembre de 2024, quien fue liberado mediante un canje por su hermana. A través de sus redes sociales, Lafaurie informó que el vehículo del ganadero Peña fue hallado abandonado hacia las 2:00 p.m. y que las autoridades competentes ya adelantan las acciones correspondientes. Fedegán manifestó solidaridad con la familia del productor e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades para que se garantice su regreso. En paralelo, el dirigente gremial se refirió a las recientes invasiones a predios ganaderos en distintos puntos del país. Según Lafaurie, detrás de estas acciones hay una estrategia organizada por grupos que se identifican como “recuperadores de la tierra”, y que cuentan con respaldo de algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA). En su columna publicada en medios nacionales, el presidente de Fedegán identificó tres elementos comunes en estos procesos: el respaldo de ONG que agrupan comunidades rurales bajo la bandera de la recuperación de tierras; la presencia de agitadores que promueven discursos políticos entre los ocupantes; y el papel de las denominadas Guardias Campesinas, que actúan de manera organizada. Lafaurie también se refirió a la distribución de tierras en el país. Citó cifras del censo de 2018 para afirmar que los pueblos indígenas, que representan el 4,4 % de la población, son propietarios de 39 millones de hectáreas. Cuestionó que la ampliación de resguardos siga siendo una demanda activa y señaló que las comunidades indígenas cuentan con justicia especial y mecanismos de contratación directa con el Estado, habilitados desde gobiernos anteriores.