Surtigas recibe premio al mejor programa de gestión con la comunidad

Camacol identifica y exalta a compañías de alto impacto que promueven buenas prácticas ambientales, sociolaborales y con las comunidades.

En este caso, Surtigas obtuvo reconocimiento en los Premios a la Responsabilidad Social Camacol en la categoría “Mejor programa de gestión con la comunidad”, que exalta los proyectos relacionados con el fortalecimiento de las comunidades para mejorar su calidad de vida por el proyecto “Pescando Progreso” desarrollado en las comunidades de Puerto Badel y Lomas de Matunilla.

El Proyecto Pescando Progreso desarrollado por Surtigas y Fundación Promigas tuvo una inversión de 230 millones de pesos y es un proceso de fortalecimiento de la asociatividad y generación de ingresos en las líneas de pesca artesanal y confecciones a 2 unidades productivas de asociaciones del corregimiento Puerto Badel y 10 grupos de trabajo de Lomas de Matunilla.

“Para Surtigas es fundamental fortalecer el tejido social de las comunidades de su zona de influencia. De esta manera seguimos contribuyendo a mejorar su calidad de vida, generando una huella social positiva.” expresó Santiago Mejía, gerente de Surtigas.

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A partir de este mes algunos estratos de Bolívar tendrán cambios en las facturas de energía

Con el fin de mejorar la cultura de pago y reducir el atraso en las facturas de energía, Afinia, parte del Grupo EPM, ha puesto en marcha una nueva estrategia en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Desde septiembre, los clientes de los estratos 4, 5 y 6 que estén en mora recibirán un único cupón en sus facturas, diseñado para recordarles sus compromisos de pago y garantizar un servicio eléctrico más eficiente en la región. Actualmente, más de 9 mil usuarios de estos estratos tienen problemas recurrentes para cumplir con sus facturas, lo que ha generado una deuda que supera los 36 mil millones de pesos. Con esta iniciativa, la empresa busca reducir el número de usuarios que acumulan retrasos, brindando más claridad sobre el total de su deuda y facilitando el proceso de pago. Según Nancy Osorio, directora Comercial de Afinia, esta medida tiene como objetivo ofrecer alternativas a los clientes y evitar que se sigan acumulando facturas impagas. ‘Queremos que nuestros usuarios sepan que estamos aquí para ayudarlos a regularizar su situación y mantener el servicio al día’, señaló Osorio. La implementación de este cupón será progresiva, con la meta de cubrir a todos los usuarios en mora en los próximos meses. Afinia reitera su compromiso de mejorar la experiencia del cliente y continuar ofreciendo opciones de financiación que ayuden a mantener la estabilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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¿Qué está pasando con el Canal del Dique? Gremios piden agilizar licencia ambiental

Los #gremios de Atlántico y Bolívar han expresado su inconformidad con la solicitud de una licencia ambiental para el proyecto de restauración del #Canal del Dique, un plan que busca recuperar los ecosistemas degradados a lo largo de sus 115 kilómetros. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, recientemente exigió este trámite, lo que ha sido considerado por los gremios como innecesario, ya que el proyecto tiene precisamente un enfoque ambiental. En su comunicado, el Consejo Gremial de Bolívar e Intergremial Atlántico expresaron los beneficios que el proyecto traería para la región, como la reducción de inundaciones, la recuperación del Parque Natural Corales del Rosario y la mejora en la calidad del agua para los acueductos locales. Además, destacan que el uso del canal ayudaría a reducir las emisiones de CO2 al aumentar el transporte fluvial. Para estas entidades, el proyecto no solo ayudará al medio ambiente, sino que también generará oportunidades económicas en la región, con más de 60 mil empleos y un impulso para la agricultura, la pesca y el turismo en zonas necesitadas. Por eso, hicieron un llamado al Gobierno y a las entidades involucradas para agilizar los trámites y evitar retrasos que frenen las obras. “Lo importante es arrancar cuanto antes con esta iniciativa que tanto necesita la región”, concluyeron.

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Juzgado obliga a retractarse en 48 horas a veedor que acusó a Dumek de estar relacionado al homicidio de un cochero

El Juzgado Catorce Penal de Cartagena ordenó a través de un fallo de tutela rectificar en un plazo de 48 horas las declaraciones realizadas por el veedor ciudadano, Ángel Mier Blanquicett, en contra del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tras proferir por medio de un video de WhatsApp afirmaciones que afectarían al buen nombre y a la honra del mandatario. En el video difundido por medio de esta plataforma de mensajería, Mier Blanquicett habría sugerido que la muerte de Jairo Javier Gil Rodríguez, miembro de la Asociación de Cocheros de Cartagena, estaría asociada al proyecto de transición de coche de tracción animal a coches eléctricos impulsado por la Alcaldía Mayor de Cartagena. Ante esto, Turbay declaró para El Universal que pese a estar expuesto a la crítica ciudadana como gobernante, no es legal que lo señalen de «matón»: «Como gobernante soy proclive del control político o de la crítica ciudadana, pues no somos perfectos y siempre habrá asignaturas pendientes que tenemos el ímpetu de resolver; sin embargo, no es justo, ni legal, ni está bien que me señalen de matón o que promuevo acciones criminales». Por su parte, el concejal Javier Julio Bejarano también estableció una demanda contra el mismo veedor por realizar en varias ocasiones declaraciones injuriosas en contra de su persona e implicando también en el homicidio de un miembro de la Asociación de cocheros de Cartagena. Sin embargo, la demanda interpuesta por el cabildante fue rechazada por el Juzgado Cuarto Penal. En el fallo, se señala que la decisión no fue impugnada y que el caso será remitido a la Corte Constitucional para que sea puesto a revisión.Imagen png extraída de El Universal.

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Desmantelan banda que traficaba drogas a las afueras de colegios en Cartagena

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en los alrededores de entornos escolares en Cartagena. Durante un operativo en el barrio Villa Cádiz, se capturaron a tres presuntos integrantes de la organización, quienes distribuían mensualmente más de 3,000 dosis de alucinógenos, incluyendo cocaína y drogas sintéticas, con una ganancia criminal que superaba los 40 millones de pesos mensuales. La operación, realizada por la Seccional de Investigación Criminal, incluyó el allanamiento de un apartamento que servía como punto fijo de expendio de estupefacientes. En el lugar, las autoridades encontraron 60 dosis de cocaína, 20 dosis de tusi (2CB), una gramera, una trituradora eléctrica y tres tarros de colorantes, utilizados para la preparación del tusi. Los capturados, entre ellos uno conocido como ‘Juanca’, quien ya tenía antecedentes judiciales por delitos como amenazas y abuso de confianza, fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que definirá su situación judicial en las próximas audiencias preliminares.

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«Fue como una bomba»: joven chocó su auto contra una casa mientras los dueños estaban adentro

Quedó captado en video el momento en que un joven de 18 años, que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, estrelló un Ford Mustang contra una vivienda en el estado de Arizona, Estados Unidos. A pesar de que el vehículo tumbó al momento de la colisión una de las paredes de la sala de estar donde se encontraban  los residentes de la casa, identificados como Marcus Holmberg y Sabrina Rivera, la pareja solo sufrió leves cortes y heridas menores tras el impacto. «Fue como si explotara una bomba. Se estrella y simplemente está ahí. Sucedió muy rápido. Fue muy explosivo”, expresó Holmberg al medio 12News Local. Asimismo, el hombre explicó que su pareja y él se disponían a cenar al momento en el que vehículo irrumpió de forma abrupta el vehículo en la vivienda. Por otro lado, aseguró que ninguno de sus perros sufrió percances tras el suceso.Debido a la fuerte colisión, el hombre aseguró que los cimientos de toda la casa se habrían desplazado, por lo que la reparación de los mismos rondaría los 30 mil dólares.

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