Se canceló el Carnaval Callejero de Río de Janeiro en Brasil

Las autoridades de Río de Janeiro decidieron suspender los eventos que requieren de multitudes por la nueva variante ómicron, debido a que el fin de año trajo nuevos contagios para Brasil; siendo este el segundo año consecutivo en el que se cancela la festividad.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, mencionó por medio de una transmisión en vivo los riesgos que traería la celebración del carnaval actualmente, y dijo que ya habló con los corsos musicales (’blocos’), donde estos tienen un ambiente más controlado en el Sambódromo, el cual estos podrían participar  a finales de febrero. Sin embargo, el mandatario sugirió tener tres espacios diferentes en la ciudad para tener mayor bioseguridad, pero los blocos no aceptaron dicha propuesta.

El viernes se espera que los corsos lleven nuevas ideas y así tener una solución, debido  a que Rita Fernández, presidenta de asociación de blocos mencionará porque no apoyaban la idea del intendente, «No tenemos identificación con los lugares propuestos, como el Parque Olímpico, que es lejano y no tiene relación con nosotros como nuestros barrios».

Cabe añadir que en Brasil han fallecido 620.000 personas por el COVID y se busca precaver el gentío, debido a que en el 2020 participaron 7 millones de personas en el carnaval.

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Abogado cartagenero denuncia a la UNP por prevaricato y fraude procesal

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

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Poca luz, diseños basados en películas y música de la época: así eran las discotecas en Cartagena durante los 60, 70 y 80

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