#Veolia nació en Francia el 14 de diciembre de 1853, bajo el nombre #Compagnie Générale des Eaux, por un decreto de Napoleón III. Su misión inicial fue construir redes de agua potable para combatir enfermedades como el cólera, que afectaban gravemente a las ciudades en plena Revolución Industrial. En 1860, la empresa inició su expansión internacional, comenzando con proyectos en ciudades como Venecia, Constantinopla y Oporto, llevando soluciones de agua potable a diversos territorios. Durante el siglo XX, Veolia diversificó sus actividades. En 1967, amplió su enfoque hacia la gestión de residuos, y en 1998, incorporó la energía a su portafolio. En 2003, adoptó su actual nombre, Veolia, reflejando su compromiso integral con la sostenibilidad y el medio ambiente. En las últimas décadas, la empresa ha liderado proyectos innovadores como plantas de reciclaje, tratamiento de aguas residuales y generación de energía renovable, adaptándose a las necesidades del siglo XXI y posicionándose como líder en transformación ecológica. Hoy en día, Veolia se dedica a la gestión del agua, los residuos y la energía, ofreciendo soluciones integrales que promueven la sostenibilidad. Sus funciones abarcan desde el suministro de agua potable y el reciclaje de residuos, hasta la producción de energía renovable y la descarbonización. Con presencia en más de 50 #países, la compañía juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de un futuro más sostenible.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.