El funcionamiento de las entidades públicas no se puede detener bajo ninguna circunstancia. Por esta razón, cuando hay cambio de mando, se debe hacer una transición pacífica y dialógica, que busque preservar, por encima de todo, el interés general, el cual se materializa en la continuidad eficiente de la prestación de los servicios a cargo del Estado, especialmente en un contexto tan adverso como el local, donde las inundaciones, la movilidad y la inseguridad, entre otros males, no dan tregua.

De aquí surge la importancia de un saludable proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante, que se da luego de la elaboración del informe de gestión, balance de resultados y la rendición pública de cuentas, y que, además, debe ser efectivo, transparente, útil y es, por demás, obligatorio, según las voces del artículo 5 de la ley 951/05.

Ahora bien, el empalme no es un juicio en contra de la administración saliente, ni le corresponde al gobierno entrante valorar o calificar lo que recibe. De lo que se trata es de conocer el estado real de cosas, teniendo claridad en lo que está pendiente, lo que es urgente y lo que amerita especial atención, con el fin de evitar sorpresas desagradables o situaciones que pongan en riesgo la gestión pública. No significa lo anterior que no procedan aclaraciones o información adicional y mucho menos que no exista la obligación de presentar las denuncias a que haya lugar para que las autoridades competentes hagan lo de su resorte.

Este vital proceso empieza, en estricto sentido, siguiendo lo dicho por el Departamento Administrativo de la Función Pública (concepto 43261 de 2019), cuando haya alcalde electo, lo que sucede después de los escrutinios y de que se declare la elección y se expida la credencial (formulario E-27). Sin embargo, no es óbice para que, actuando en verdadero beneficio de la ciudad, se adelanten las reuniones preparatorias del caso, se fije un cronograma que facilite el traslado de mando, se definan mesas de trabajo por dependencias.

El empalme se materializa con la entrega del acta del informe de gestión, por ello, entre más tiempo se tenga para dialogar y socializar, mayores certezas se adquieren y menores riesgos se corren. Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación, desde el mes de julio de 2023, publicó un documento orientador para la transición de gobiernos territoriales, en el cual recomienda que se hagan sesiones organizadas de entrega parcial de información por dependencias.

Por último, pero no menos importante, estas reuniones de trabajo se deben hacer de cara a la ciudadanía, ojalá con la presencia de miembros de la sociedad civil y que cuenten con medios de difusión pública, ya que, finalmente, son los ciudadanos los principales interesados en la transición.

Uriel Ángel Pérez Márquez – Docente universitario, X – @cataroatento