El juez Octavo Administrativo de Cartagena, Enrique Antonio Del Vecchio Domínguez, junto al procurador 176 Judicial, Néstor Eduardo Casado Caliz, realizó una inspección judicial en la vereda de Membrillal (corregimiento de Pasacaballo), en el marco de una acción de grupo interpuesta por cerca de 2.000 habitantes contra múltiples entidades públicas y privadas por presunta contaminación ambiental y vulneración de derechos colectivos. Entre los demandados se encuentran Refinería de Cartagena (Reficar), Cementos Argos, Mexichem Resinas, Lhoist Colombia, el Distrito de Cartagena, la ANLA, el Ministerio de Ambiente, entre otros. Los habitantes señalan que desde hace décadas conviven con la contaminación derivada de las operaciones industriales cercanas, el fenómeno de volcanismo de lodo y el suministro de agua no apta para consumo humano. De acuerdo con la demandante Diana Sofía Olascuaga, la planta de Cementos Argos opera una banda transportadora las 24 horas que emite polvo con sílice cristalina, generando graves afectaciones respiratorias. Además, Reficar mantiene activas chimeneas que liberan hollín y químicos constantemente. A esto se suma el fenómeno geológico del diapirismo de lodo, que ha causado destrucción de viviendas y redes de servicios, así como la remodelación de una cancha sin estudios previos, que habría agravado las emisiones de gases volcánicos. También se denunció que el agua suministrada por Aguas de Cartagena presenta turbidez y componentes no aptos para el consumo, según análisis físicoquímicos y microbiológicos realizados en 2024 por un laboratorio certificado. La comunidad exige que se reconozca la situación como una crisis ambiental, se tomen medidas urgentes de mitigación y se garantice el derecho a un ambiente sano.
