Por años tuvieron que soportar los habitantes INDÍGENAS y AFROCOLOMBIANOS del Chocó que les lloviera veneno en sus cultivos y fuentes de agua. La política de aspersión aérea con Glifosato los estaba matando.
Era el año de 1978 cuando el gobierno de JULIO CESAR TURBAY AYALA empezó a considerar la posibilidad de atacar la proliferación de los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Alta Guajira por medio de las fumigaciones aéreas. La noticia llegó con preocupación al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA), el cual previno al gobierno de los estudios que debían hacerse para evitar afectaciones en la salud humana y en los ecosistemas.
De forma esporádica, entre 1978 y 1984 los gobiernos de Estados Unidos y Colombia experimentaron con aspersión aérea una variedad de agrotóxicos. Entre estos, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, el componente «mágico» del Agente Naranja que tanta devastación ocasionó en Vietnam según informes de la Comisión de Drogas y Narcóticos.
Para el gobierno de Belisario Betancourt Cuartas se anunció, el 5 de diciembre de 1983 en un Comunicado del Consejo Nacional de Estupefacientes, la posibilidad de iniciar una campaña de destrucción masiva de cultivos de marihuana y coca mediante la utilización de herbicidas por aspersión aérea.
Un comité de expertos convocados por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, determinó en 1984 las implicaciones que tiene sobre la salud humana el uso de Glifosato en las fumigaciones aéreas y que esta es la última alternativa que debe considerarse. No obstante, la recomendación experta adversa y los conceptos negativos del Ministro de Salud, del INS y del INDERENA.
El 1º de junio de 1984 por medio del acto administrativo No. 1048, el Ministro de Justicia Enrique Parejo González, sin estar facultado para ello y tras una reunión a puerta cerrada del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), expidió una autorización al Director General de la Policía Nacional, Víctor Delgado Mallarino, para fumigar los cultivos de marihuana con Glifosato.
Por su parte, Tokatlian, Doctor en relaciones internacionales e investigador de la relaciones entre Estados Unidos y América Latina, señala que la reunión fue discreta por razones de seguridad tras el asesinato del Ministro de Justicia Lara Bonilla y que el asesinato de Lara Bonilla seguramente influyó en la decisión de ceder a las presiones estadounidenses.
Para el año de 1986, en un estudio de impacto ambiental efectuado por Guillermo Rodríguez en su calidad de funcionario del INDERENA, visitó la Sierra Nevada de Santa Marta entre julio y octubre de ese año en compañía del personal de la policía anti-narcóticos del Magdalena.
Según el informe de “Estudios ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta afectada por cultivos de Marihuana y fumigación con Glifosato” recomendaba “una revisión minuciosa de los herbicidas que actualmente se estén utilizando en el país con miras a detectar primero sus efectos en el medio y posteriormente sí autorizarlos o suspenderlos”. Este exigía “no fumigar con Glifosato las áreas que correspondieran a Reservas tanto Parques Nacionales como Reservas Indígenas”.
Sin embargo, fueron ignorados los llamados de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta creada en 1986 para proteger el Patrimonio Nacional. Además, tras el descubrimiento de Ciudad Perdida, en ese mismo año, se detectó un asentamiento construido entre los años 650 -700 d.c por las comunidades indígenas tayronas.
Más adelante en 1992 proliferaba en el país otro cultivo ilícito gracias al auge del narcotráfico, que era la amapola. Por esta razón, en febrero del año en mención, el Gobierno Nacional autorizó la fumigación con Glifosato a través del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Finalmente, entre el año de 1992 y 2010, el Estado combatió la proliferación de los cultivos ilícitos con el uso de la aspersión aérea, sin verificar las consecuencias que podría tener en la salud humana de las poblaciones INDÍGENAS y AFROCOLOMBIANAS donde hay cultivos de coca.
Por: Ronald García.
En la segunda parte de esta crónica ahondaremos en la razones por la cuales la Corte Constitucional suspendió las aspersiones aéreas con Glifosato.
