El Real Cartagena cuenta con una plantilla destacada, donde Michael Covea se posiciona como el jugador más valioso. El mediocentro ofensivo, quien es fundamental en el esquema del equipo, está valorado en 275 mil euros gracias a su capacidad para generar juego y asistir a los delanteros. Wilfrido De la Rosa, extremo derecho de 31 años, sigue a Covea en esta lista de élite con una cotización de 250 mil euros y que,  habilidades ofensivas y experiencia en la cancha lo convierten en un pilar importante del ataque cartagenero. Yosimarc Torres, pivote de 25 años, también está valorado en 250 mil euros, mismo que con su rol en el mediocampo es esencial para mantener el equilibrio y el control del juego, lo que lo hace indispensable para el equipo. Ignacio Artola, defensa central de 26 años con nacionalidades argentina e italiana, se encuentra igualmente en 250 mil euros, donde su presencia defensiva y su capacidad para anticiparse a los rivales aportan seguridad al Real Cartagena. Finalmente, Aldo Montes, el joven portero colombiano de 24 años, completa el grupo de jugadores con un valor de 250 mil euros, donde sus reflejos y atajadas han demostrado ser cruciales en los momentos más exigentes para el equipo. Con esto, el club deportivo demuestra tener jugadores valiosos en todas sus líneas: desde una sólida defensa, un mediocampo equilibrado, hasta una ofensiva potente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.