25 años del asesinato de Jaime Garzón un periodista y humorista, que conmocionó a Colombia, dejando una marca en la lucha por la libertad de expresión. El 13 de agosto de 1999, atentado donde fue acribillado en Bogotá mientras se dirigía a su trabajo en Radionet, un crimen que refleja la creciente violencia de la época. las amenazas que había recibido, Garzón no lo intimidaron, continuó con su labor como crítico social y defensor de la justicia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia en el país. Su atentado se llevó acabo por órdenes de Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Garzón como una amenaza para sus ideales. sicarios que se hacían llamar «La Terraza», por órdenes de Castaño, procedieron a realizar el crimen. y en 2016 José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, fue condenado por influir en el asesinato, y algunos de los implicados siguen sin ser juzgados. El caso de Jaime Garzón ha puesto en evidencia la complicidad entre sectores del Estado y grupos paramilitares, revelando una profunda corrupción e infiltración en las instituciones públicas. A pesar de algunos avances, como la condena de Narváez, la falta de resolución completa del caso deja un sentimiento de impunidad y frustración en la sociedad colombiana.

Una nueva disputa enfrenta el Plan de Alimentación Escolar en Cartagena; esta vez, empresa contratista denuncia penalmente a un medio de comunicación “por presuntamente emitir información injuriosa y calumniosa”. Según la información publicada por la el medio, el ente acusador se encontraría investigando presuntas irregularidades en la ejecución del contrato del PAE en Cartagena, que involucra a la empresa Unión Temporal Bienestar Colectivo. La publicación dice que el contrato, valorado en casi 38.5 mil millones de pesos, estaría bajo la lupa por posibles violaciones a la normativa de contratación pública y la gestión de las bodegas donde se almacenan los alimentos para los estudiantes pues las instalaciones aprobadas, no cumplirían con los requisitos de seguridad sanitaria exigidos por la ley. Ante esto, la representante legal de UTBC Paola Lorduy Castro manifiesta que ninguno de los hechos denunciados han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y que a la fecha 15 de noviembre, no se encuentra la organización que representa vinculada ningún proceso penal. Ante estos hechos, Unión Temporal Bienestar Colectivo decidió instaurar una denuncia por injuria y calumnia iniciando así la disputa legal por esclarecer los hechos.