Por Alvaro Morales de León
Los polémicos peajes existen en Colombia desde el año 1960, hace 63 años, y nacieron con el objetivo de financiar obras viales por medio de los Fondos recientemente creados en ese entonces como fue el Fondo de Caminos Vecinales encargado de construir, mejorar, conservar los caminos y puentes en las zonas rurales y el Fondo Vial Nacional.
Muchísimo antes, para los años 1760, en Inglaterra, durante su Revolución Industrial ya había sido concebida la idea de los peajes para afrontar la necesidad de ampliar y mejorar la red vial y así atender la creciente demanda del servicio de transporte, para lo cual el parlamento inglés produjo las leyes necesarias para que las carreteras se pudieran entregar en concesión a compañías particulares, las cuales quedaron con derecho de instalar portazgos o casetas y cobrar peajes.
Pasado algún tiempo, fueron tantas las demoras causadas por los peajes y tan alto el valor que se cobraba por pasar, que entre los años 1842 y 1843 comenzó en Gales una revuelta que condujo a la destrucción de los primeros peajes y al no pago por su uso, conduciendo a que en 1864 el Parlamento Inglés se viera obligado a reducir drásticamente la concesión de vías y el cobro de peajes.
Las Concesiones Viales es un modelo de acuerdo usado a nivel mundial donde el Estado contrata a una empresa privada para que modernice, construya, rehabilite, mantenga y opere una obra de infraestructura vial, en este caso.
En Colombia este modelo asociativo fue adoptado para el desarrollo de la infraestructura de transporte siendo liderada por la ANI-Agencia Nacional de Infraestructura, entidad adscrita a Mintransporte, la cual entre sus funciones está la de estructurar y supervisar proyectos de infraestructura que necesita el país, como son las carreteras, además de gestionar su construcción o modernización a través de alianzas público-privadas o de iniciativa privada ya sea con aportes del Estado o sin ellos.
En Colombia, según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hay cerca de 180 peajes, de los cuales 147 son administrados por estas dos entidades, mientras que 27 son de administraciones concesionadas, cifra que posiciona a nuestro país en el primer lugar de la lista de países de América Latina con mayor número de taquillas de cobros en las vías.
El conflicto o la polémica con los peajes y el cobro por su uso se deriva básicamente por dos razones, la primera, por la falta de claridad y los enredos en las cuentas de lo que se conoce como el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno, o lo que es lo mismo, el monto de dinero recaudado para el cubrimiento del valor de la obra que el gobierno entregó en concesión.
La segunda razón de este conflicto, también importante, reside en el alto valor de tales peajes y en la afectación económica de la cual son víctimas las poblaciones vecinas a las casetas de cobro, y el transporte, sobre todo, el público.
Las posibilidades económicas de ciertas familias colombianas las han convertido en megacontratistas a las que el Estado les han concesionado diferentes vías en el país haciendo de estas concesiones un verdadero cartel de las construcciones viales que las han convertido en archimillonarias por cobros de peajes que parecieran ser vitalicios.
Las comunidades afectadas como la población de Turbaco y los corregimientos del distrito de Cartagena, Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas y Arroyo Grande reclaman para que la ubicación de las casetas para el cobro de los peajes y su leonino valor tengan que ser necesariamente renegociadas y ajustados a los parámetros de la realidad económica.
Es justa la protesta tanto de los turbaqueros como la de los pobladores de los corregimientos de la zona norte de Cartagena dado que los primeros reclaman por el cobro que en este mes de abril se reinició en el peaje previo a este municipio muy a pesar de haberse cumplido la Tasa Interna de Retorno, el pago de la vía, y de no verse reflejadas en el municipio obras complementarias para beneficio de la población contempladas en la concesión entregada a la cartagenera familia de los Amín Bajaire; por otra parte, los corregimientos norteños de Cartagena reclaman, con razón, por lo mismo.
