En una significativa reunión celebrada hoy, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunciaron el inicio oficial de la Fase 1 del Proyecto de Protección Costera. Este avance marca la incorporación de $59,5 mil millones en recursos, confirmando el respaldo financiero necesario para continuar con las obras. Durante el evento, llevado a cabo en el Comité de Gerencia del Proyecto de Protección Costera de Cartagena, se presentó un panorama alentador para la continuación del proyecto. La inversión para esta fase específica asciende a $21 mil millones, desglosada en $12 mil millones provenientes de la UNGRD y $9 mil millones aportados por la Alcaldía de Cartagena. La reunión contó con la participación de diversos actores clave, incluyendo la interventoría de Aicom, el contratista ProPlaya, y representantes del Distrito, entre ellos la Secretaría de Turismo y el Departamento Administrativo de Valorización. También asistieron miembros de la Armada y la Dimar, así como actores de playa y otros interesados. El foco inmediato estará en el sector Playa 3, cerca del Hotel Capilla del Mar, donde se iniciarán los trabajos de protección costera. Esta intervención busca no solo fortalecer las defensas naturales de la ciudad contra el cambio climático, sino también mejorar la resiliencia y el desarrollo económico de las comunidades costeras. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, subrayó la importancia de cumplir con las compensaciones y el compromiso con los actores de playa. Aseguró que los cronogramas están claros y que el último pago está previsto para dentro de un mes. «Los actores de playa son nuestra prioridad. A pesar de las demoras, somos responsables y estamos comprometidos con el éxito del proyecto», enfatizó Carrillo. Por su parte, el alcalde Dumek Turbay Paz expresó su satisfacción por la renovación del compromiso con el proyecto y agradeció el respaldo financiero que asegura su culminación. «Este proyecto tiene la tranquilidad de estar respaldado por los recursos necesarios, lo que es una excelente noticia para todos los cartageneros», comentó Turbay Paz. Con esta reactivación, Cartagena no solo avanza en la protección de su costa, sino que también impulsa el desarrollo económico y social, promoviendo un entorno más seguro y resiliente frente a los desafíos ambientales.

A través de una alianza entre el Distrito de Cartagena y la entidad Oppotunity International, por medio del Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, buscan mejorar las condiciones de vida de 500 familias en situación de pobreza extrema. Jorge Redondo, director de PES-Pedro Romero indicó: “Por eso llegaremos a esos hogares que hoy reclaman no solo la presencia del gobierno, sino también la de entidades como Opportunity International, que les permita salir del laberinto de la pobreza”. Este acuerdo forma parte de un modelo de graduación que ofrece intervención integral a las familias más vulnerables de la ciudad llamando ‘Camino de oportunidades’. Este programa, se llevará acabo entre 14 y 18 meses, centrándose en 4 factores específicos: protección social, inclusión financiera, empoderamiento social y promoción de los medios de vida. La meta que se ha trazado el programa es ayudar a las familias más que todo a obtener estabilidad financiera y aumentar su auto sostenibilidad mediante el fortalecimiento de unidades productivas.

Con la entrada en vigencia del nuevo Manual de Señalización Vial, expedido por el Ministerio de Transporte en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Colombia avanza hacia una movilidad más segura, moderna e incluyente. Ante este cambio, Autopistas del Caribe adelanta una campaña informativa para sensibilizar a los usuarios del corredor vial concesionado sobre la importancia de conocer y respetar las nuevas disposiciones. ¿Qué señales son nuevas? Entre los principales cambios del nuevo manual se destacan: ¿Qué pasa si no se respetan? Las infracciones por desconocimiento o desobediencia de estas señales pueden acarrear multas superiores al 50% del salario mínimo legal vigente, afectando gravemente el bolsillo de los conductores.