En septiembre, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM) de Cartagena llevó a cabo importantes acciones para restablecer el orden público y mejorar la movilidad en la ciudad. Este esfuerzo incluye el despeje del carril exclusivo para buses en la avenida Pedro de Heredia y la reubicación temporal de actores de la economía informal. La iniciativa busca beneficiar a la ciudadanía al facilitar el tránsito y fomentar un sentido de pertenencia en los espacios públicos. En particular, se abordará la problemática de las ventas y ocupaciones indebidas en el mercado de Bazurto, así como en la avenida del Lago. Estas acciones no solo buscan recuperar la vía y los andenes, sino también restaurar el borde de la ciénaga de Las Quintas, que ha sido perjudicado por la invasión de puestos informales y la inadecuada disposición de residuos. La alcaldía ha enfatizado que estas invasiones han contribuido a la congestión vehicular, la contaminación y los malos olores en el sector, afectando así la calidad de vida de los cartageneros. La comunidad espera que estas medidas también mejoren la situación de la basura, lo que es crucial para mitigar los daños ambientales y asegurar la limpieza y seguridad del área. Como parte del proceso, se establecieron mesas de seguimiento con líderes comunitarios y representantes de diferentes sectores para garantizar el cumplimiento de las normativas y asegurar la sostenibilidad de las acciones implementadas.

Miembros de la Fundación Mandela Revive realizan una protesta frente al Palacio de La Aduana para exigir al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ayuda con recursos para seguir adelante con su labor social. “Tenemos en la Fundación Mandela más de 2.000 personas inscritas a la fundación, nunca hemos recibido una ayuda por parte del gobierno departamental, ni nacional, entonces necesitamos ayuda para estas personas, inmediata”, expresó uno de los manifestantes. Por su parte, Nellys Galeano Jiménez, fundadora de esta fundación sin ánimo de lucro, asegura que desde la concepción este grupo social que se dedica a ayudar a personas discapacitadas, desplazadas y en condiciones precarias desde hace nueve años, no habrían presuntamente recibido ayudas por parte de las entidades para seguir adelante con su labor. “Nos sentimos tan impotentes… que el gobierno tenga a estas personas anuladas, si ojalá nuestro alcalde viera como viven algunos… una situación precaria en la que no debería vivir una persona con discapacidad”, expresó Galeano.