En su misión de garantizar la movilidad responsable y la seguridad vial en la ciudad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) llevó a cabo operativos de control en los barrios Getsemaní y Bocagrande los días 21 y 22 de enero, obteniendo importantes resultados. En la Avenida del Pedregal, en Getsemaní, fueron inmovilizadas 62 motocicletas por transitar en zonas prohibidas y se impusieron 50 comparendos por diferentes infracciones. Además, un vehículo particular fue inmovilizado por incumplir el Decreto de pico y placa vigente. Simultáneamente, en la zona de Bocagrande, a la altura del CAI El Limbo, el DATT y la Policía Nacional realizaron operativos conjuntos que resultaron en la inmovilización de dos taxis sin tarjeta de control y dos motocicletas sin revisión tecnicomecánica. En este punto, se impusieron 16 comparendos adicionales. El DATT reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las normas de tránsito, promoviendo una movilidad segura para los habitantes y visitantes de Cartagena. Estos operativos forman parte de una estrategia continua para salvaguardar la vida y el bienestar de los ciudadanos.

En preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el intendente en retiro Carlos Augusto Fernández, aceptó ser parte de una red de trata de personas, por lo que fue condenado a siete años de prisión. Con la información que se recopiló por parte de la Dirección Especializada contra la violación a los derechos humanos de la Fiscalía, el hombre captaba a jóvenes en Medellín, y coordinaba traslados a Francia, donde eran explotados laboral y sexualmente. Entre los años 2022 y 2023, mientras estuvo activo, desempeñó labores en la estación La Candelaria, en la capital antioqueña, contactó a muchas mujeres a quien les ofreció que trabajaran como modelos en Francia. «Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval», dice la Fiscalía. Estas mujeres que obtenían la aprobación de la estructura tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova de Rionegro con rumbo a Madrid o Barcelona (España), de donde eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia). Las jóvenes se percataban que al llegar a territorio francés los registros fotográficos habían sido publicados en sitios virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda impuesta por la organización. Carlos Augusto Fernández Raigosa, además fue condenado por un juez penal especializado de Medellín, quien le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.