La Castellana, un barrio fundado hace más de 50 años y perteneciente a la Localidad 2, enfrenta una creciente problemática por la invasión del espacio público por parte de comerciantes informales. Con aproximadamente 800 habitantes y 150 predios, este sector clasificado como estrato 4 ha visto cómo en menos de una década, sus espacios para la libre movilización se han reducido drásticamente. La proliferación de vendedores ambulantes y estacionarios ha sido impulsada en parte por la construcción de un gran centro comercial y un almacén de cadena, que han atraído un auge mercantil en la zona. A pesar de los operativos de recuperación implementados por las autoridades, estos esfuerzos han resultado insuficientes. Las invasiones continúan afectando zonas verdes, andenes y vías de alto tráfico, generando serias dificultades para los peatones. Muchos se ven obligados a descender a la calzada para avanzar, lo que incrementa el riesgo de accidentes. La Castellana se encuentra en el centro de esta problemática, siendo el barrio más expuesto a la mutilación del espacio público, lo que resalta la necesidad urgente de soluciones efectivas y sostenibles que permitan restaurar el orden y garantizar la seguridad y comodidad de sus habitantes.

En un esfuerzo por abordar las crecientes preocupaciones de seguridad, la Alcaldía Mayor de Cartagena convocó a una reunión clave en el salón Vicente Martínez, con la presencia del secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández Ramos, y la coronel Sandra López Duque, subcomandante de la Policía Metropolitana. El encuentro reunió a inspectores de Policía del Distrito, quienes expusieron sus inquietudes sobre situaciones de riesgo que podrían comprometer su seguridad. Durante la sesión, el secretario del Interior destacó que se están realizando evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas a los inspectores. “Estamos coordinando estrechamente con la Policía Metropolitana para garantizar la protección adecuada de los inspectores y apoyar en sus operativos”, aseguró Hernández. La reunión también abordó el reciente crimen contra el inspector Omar Cervantes. En respuesta, las autoridades han lanzado una recompensa de $10 millones para quienes aporten información relevante que facilite el esclarecimiento del caso. La coronel Sandra López Duque indicó que se están fortaleciendo las medidas de seguridad a través de la coordinación con los comandantes de estación y se está desarrollando un protocolo para identificar el nivel de riesgo enfrentado por los inspectores. Este esfuerzo busca asegurar una respuesta efectiva y proteger a los funcionarios que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del orden público.