El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional dentro de la investigación sobre presuntas comisiones ilegales relacionadas con el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra.
La decisión fue tomada por el juez José Luis Calama, quien considera que existirían indicios de una supuesta estructura organizada dedicada al tráfico de influencias y al favorecimiento de terceros ante entidades públicas españolas.
Según el auto judicial, el exmandatario habría actuado como líder de una presunta red que utilizaba contactos políticos y administrativos para obtener decisiones favorables. Además, se le atribuye el supuesto cobro de comisiones que alcanzarían los 500.000 euros.
La investigación señala que la trama habría empleado sociedades instrumentales, documentos simulados y mecanismos financieros opacos con el objetivo de ocultar movimientos de dinero y beneficiar económicamente tanto a terceros como al entorno del expresidente. Entre las empresas mencionadas aparece Whathefav, sociedad administrada por las hijas de Zapatero, así como la consultora Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez.
De acuerdo con la resolución judicial, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectaron posibles irregularidades en el uso de los fondos entregados durante el rescate de Plus Ultra, aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Parte del dinero investigado podría estar relacionado con operaciones de presunto blanqueo de capitales vinculadas a funcionarios venezolanos.
El magistrado también sostiene que los directivos de Plus Ultra habrían intentado acceder a las ayudas estatales mediante canales distintos a los establecidos legalmente. Para ello, supuestamente recurrieron a dos líneas de influencia: una relacionada con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otra asociada a Zapatero, que según el juez terminó teniendo un papel predominante en el proceso.
El expresidente español deberá comparecer ante la justicia el próximo 2 de junio. Tras conocerse la decisión judicial, Zapatero negó categóricamente todas las acusaciones y aseguró que nunca realizó gestiones ante administraciones públicas para favorecer a Plus Ultra ni a ninguna otra compañía.
Asimismo, afirmó que toda su actividad pública y privada se ha desarrollado dentro de la legalidad y que todos sus ingresos han sido declarados ante las autoridades tributarias españolas. También manifestó que colaborará con la justicia y ejercerá su derecho a la defensa.
