El contexto de la corrupción en Colombia

La corrupción en Colombia se ha consolidado como un fenómeno estructural que afecta la institucionalidad y el desarrollo del país.
Entre 2016 y 2022 se estimaron pérdidas por más de 21 billones de pesos y más de 1.200 casos registrados, donde el 73% corresponde a corrupción administrativa.

El origen del delito de prevaricato

El prevaricato nació como una figura penal para castigar a los funcionarios que actuaran en contra de la ley de manera dolosa y corrupta.
Su finalidad era proteger la ética y la rectitud de la función pública, especialmente en el ámbito judicial, evitando decisiones tomadas por intereses personales o políticos.

El delito se configura solo cuando existe dolo de corrupción, es decir, plena conciencia de que la decisión es injusta y movida por motivaciones ilegítimas.

De herramienta contra la corrupción a instrumento de presión

Con el paso del tiempo, el prevaricato ha perdido su esencia original y se ha convertido en un arma de presión sobre la independencia judicial.
Hoy, esta figura es invocada con ligereza contra jueces y fiscales que emiten fallos impopulares o contrarios a los intereses de ciertos sectores.

El caso de la jueza Sandra Liliana Heredia, en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, refleja cómo la amenaza de denuncias por prevaricato puede generar temor e inhibición judicial, deteriorando la autonomía de los tribunales.

La visión de Pedro Pacheco Osorio

El jurista Pedro Pacheco Osorio afirmaba que la verdadera corrupción judicial no radica en la interpretación de la ley, sino en el soborno, la manipulación de procesos y el uso del cargo para fines personales o políticos.
Solo allí el prevaricato tiene sentido: como herramienta legítima para castigar la desviación dolosa del poder jurisdiccional.

Un llamado a recuperar el sentido del prevaricato

El uso indebido del prevaricato banaliza su propósito y pone en riesgo la estructura misma de la justicia.
Cuando los jueces actúan con miedo, la justicia pierde independencia y se convierte en un instrumento del poder.

Es urgente restaurar el verdadero espíritu del prevaricato, reservándolo exclusivamente para los actos de corrupción judicial, y no para coartar la libertad de interpretación.
Solo así se podrá garantizar que los jueces actúen con autonomía y que la justicia sirva realmente a la verdad y no a los intereses políticos.