Líderes de distintos sectores de Cartagena han solicitado que la restricción de parrillero en motocicletas, vigente desde marzo para los hombres, también se aplique a las mujeres en un esfuerzo por combatir la creciente inseguridad. Esta petición fue formalizada en una carta enviada a la Secretaría del Interior, en la cual los líderes expresaron que la medida, implementada en diez barrios, debería cubrir ambos sexos para ser más efectiva. La carta, respaldada por seis presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y dos representantes de asociaciones de vecinos, resalta que la comunidad está dispuesta a colaborar con las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad. La medida que actualmente aplica en barrios como Bocagrande, Manga, Castillogrande, El Laguito, Crespo, El Cabrero, El Bosque, Alto Bosque, Pie de la Popa y El Recreo. Los líderes consideran que, extendiendo la restricción a mujeres, se lograría un mayor impacto en la reducción de delitos relacionados con el uso de motocicletas. Asimismo, los líderes han solicitado que otros dos sectores de la ciudad, Marbella y Getsemaní, sean incluidos en las restricciones para fortalecer la seguridad en estas zonas también afectadas por la delincuencia. Fuente. Caracol Radio.

La Alcaldía de Cartagena ha dado un paso significativo hacia la normalización urbanística y el ordenamiento del territorio con la creación de la primera Curaduría Pública en la región Caribe. Esta nueva figura, establecida mediante el Decreto Distrital 123, busca agilizar procesos para viviendas en zonas informales, proteger los derechos del comprador de vivienda y fortalecer la función pública que ejercen los curadores urbanos. La Curaduría Pública permitirá a la Administración Distrital estudiar, tramitar y expedir licencias de reconocimiento a edificaciones de viviendas de interés social en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística. Esto beneficiará a miles de familias cartageneras que han vivido en la informalidad, permitiéndoles acceder a servicios formales y mejorar sus condiciones de habitabilidad. La implementación de esta figura marca un paso significativo en la legalización urbanística y en el acceso a servicios formales para comunidades que durante años han vivido en la informalidad. La Dirección de Control Urbano tendrá la facultad de tramitar, estudiar y expedir actos administrativos respecto a las solicitudes de licencia de construcción, además de realizar evaluaciones arquitectónicas y estudios de vulnerabilidad sísmica para asegurar la integridad de las edificaciones. Con esta implementación, Cartagena se proyecta como una ciudad más ordenada y comprometida con el desarrollo sostenible, garantizando la legalidad y la seguridad de las edificaciones, así como protegiendo los derechos de los ciudadanos en materia de vivienda. La Curaduría Pública se encuentra en fase de implementación y entrará en funciones en barrios como Arroz Barato, que recientemente logró la legalización. Según Emilio Molina, director de Control Urbano, “esta medida representa una solución concreta para facilitar el reconocimiento formal de esas edificaciones” y permitirá a los ciudadanos regularizar sus propiedades, acceder a servicios públicos y contar con mayor seguridad jurídica en la titularidad de sus predios.