Queremos agradecerles a todos ustedes la participación durante estos tres días en este evento que, para nosotros, tiene tanto significado y que creemos también, tiene la posibilidad de generar oportunidades nuevas para nuestro país y oportunidades para el empresariado; y el papel que el sector tiene. No hay la menor duda de que Colombia atraviesa un momento que exige grandeza de espíritu y firmeza en los principios. No podemos permanecer indiferentes ante hechos que amenazan la estabilidad de nuestras instituciones, la convivencia pacífica y la confianza ciudadana. El asesinato de Miguel Uribe, que nos ha acompañado durante estos tres día, como un hecho luctuoso, es una tragedia que nos recuerda con crudeza, que la violencia política sigue arrebatando vidas en nuestro país; y sigue apagando liderazgos que son necesarios. No es un hecho aislado: es la consecuencia de un deterioro institucional y de la seguridad que el Gobierno no ha sabido contener. No podemos permitir que el miedo marque una ruta ni que la violencia nos arrastre de nuevo a épocas oscuras, dominadas por el terrorismo, la división y la impunidad. Tenemos el derecho a exigir seguridad y tenemos el derecho a soñar con seguridad ciudadana. A pesar de la coyuntura y de las señales del Gobierno que intentaron restar importancia a nuestro Congreso Empresarial Colombiano (CEC) lejos de debilitarnos, reforzaron nuestra convicción: somos más las personas que queremos construir y trabajar sin descanso por Colombia. Así lo demostró la alta y comprometida concurrencia de líderes, empresarios, ciudadanos, opinadores y medios de comunicación. Se evidenció también la reflexión colectiva y el debate constructivo que se dio alrededor de posibles soluciones sobre muchos de nuestros retos. Este ha sido, una vez más, el escenario para pensar en el país, para proponer soluciones y para contribuir al fortalecimiento de la economía nacional. Esta es probablemente una de las mayores conversaciones del país. La institucionalidad, representada por muchos de sus líderes durante estos dos días, los presidentes de las Cortes, el Registrador, el Procurador, los alcaldes, representantes del Congreso, es el pilar que garantiza nuestras libertades, que impulsa la economía, que protege el emprendimiento y que abre oportunidades para millones de colombianos. Cuando las instituciones se debilitan por omisión o por acciones equivocadas, se abren puertas al caos y a la impunidad. Hoy, Colombia enfrenta un desorden institucional y de seguridad resultado de la falta de liderazgo y de decisiones erráticas desde el Gobierno que amenazan el bienestar de toda la sociedad. Defender la democracia implica proteger sus fundamentos: el respeto por las reglas, la independencia de los poderes públicos y un marco legal legítimo, transparente y participativo. No se trata solamente de preservar un modelo político y económico en particular, sino de garantizar que las decisiones que nos afectan a todos se tomen con responsabilidad, con rigor, con transparencia, con respeto por el Estado de Derecho y, sobre todo, entre todos. En este escenario, el sector empresarial no ha sido, ni va a ser un observador pasivo. Hoy más que nunca estamos convencidos de nuestro papel en la sociedad y de nuestro papel en la construcción de un mejor futuro. El sector empresarial es, además, el motor del tejido social y económico que sostiene el empleo, que impulsa el desarrollo y que defiende las reglas que permiten la convivencia y el progreso. Tenemos que desterrar la incertidumbre y el miedo para recuperar la capacidad de generar inversión y emprendimiento. Esa es una de nuestras mayores responsabilidades. Para esto, la seguridad es necesaria. Para esto, debemos, como decía ahora, pedirle al Estado que nos la garantice. El Estado tiene que ser también el primero en fomentar el respeto por las instituciones y lo debe hacer, además, dando ejemplo. Son condiciones necesarias, para que el sector productivo siga siendo motor de oportunidades y bienestar para todos los colombianos, la exigencia de instituciones que sean respetadas por todos e instituciones confiables. El tejido empresarial tiene la responsabilidad de inspirar confianza, tender puentes y ser un actor clave en la búsqueda de las soluciones que fortalezcan a Colombia en los momentos más desafiantes. Sentimos esa responsabilidad, sabemos que tenemos esa responsabilidad y la vamos a honrar.  La defensa de la democracia no puede ser solo institucional o empresarial, debe ser también ciudadana. Colombia necesita reencontrarse en el diálogo constructivo, en la empatía y en la colaboración colectiva; y durante el proceso electoral que viene debemos estar seguros de que tenemos el mejor escenario para cumplir con este propósito. Una democracia sólida se edifica escuchando y reconociendo que las diferencias no son una amenaza, sino el punto de partida para construir una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Defender la democracia es defender la vida, el derecho a disentirse sin temor y también defender la capacidad de un país para generar esperanza con dignidad y para que esta prevalezca sobre la amenaza. Durante estos tres días pasaron muchas cosas, más de 55 expertos, personas a las que queríamos oír, 2.900 asistentes, tuvimos diálogos empresariales. Un espacio como el Ágora donde se generaron conversaciones entre candidatos y empresarios. Los asistentes nos reunimos para trabajar por el futuro del país con debates de alto nivel en estabilidad fiscal, sostenibilidad, transformación digital, emprendimiento e innovación. Esos son los temas importantes de nuestra sociedad y esas fueron las discusiones que vimos aquí. Vimos todos, y es quizá uno de los comentarios que más he recibido de esos líderes que estuvieron en este escenario, a empresarios comprometidos, generando propuestas concretas y reafirmando su papel en la construcción del país, con un mensaje claro de unidad nacional, de crecimiento económico sostenible y de respeto por las instituciones y la democracia. Defendimos el rol de la prensa libre, entendida como uno de los fundamentos de la democracia, como garante de esta y contrapeso frente a la desinformación, en un contexto global y nacional cada vez más desafiante, que nos habla de lo que puede significar la manipulación de las redes sociales frente a la capacidad de informarnos. Escuchamos a los precandidatos presidenciales quienes

Los #gremios de Atlántico y Bolívar han expresado su inconformidad con la solicitud de una licencia ambiental para el proyecto de restauración del #Canal del Dique, un plan que busca recuperar los ecosistemas degradados a lo largo de sus 115 kilómetros. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, recientemente exigió este trámite, lo que ha sido considerado por los gremios como innecesario, ya que el proyecto tiene precisamente un enfoque ambiental. En su comunicado, el Consejo Gremial de Bolívar e Intergremial Atlántico expresaron los beneficios que el proyecto traería para la región, como la reducción de inundaciones, la recuperación del Parque Natural Corales del Rosario y la mejora en la calidad del agua para los acueductos locales. Además, destacan que el uso del canal ayudaría a reducir las emisiones de CO2 al aumentar el transporte fluvial. Para estas entidades, el proyecto no solo ayudará al medio ambiente, sino que también generará oportunidades económicas en la región, con más de 60 mil empleos y un impulso para la agricultura, la pesca y el turismo en zonas necesitadas. Por eso, hicieron un llamado al Gobierno y a las entidades involucradas para agilizar los trámites y evitar retrasos que frenen las obras. “Lo importante es arrancar cuanto antes con esta iniciativa que tanto necesita la región”, concluyeron.

Tras un año de espera, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció de manera favorable sobre la intervención del Plan Maestro de Drenajes Pluviales en Turbaco. En ocasiones anteriores se habían realizado gestiones similares. En un documento expedido por el ente nacional el 2 de noviembre de 2024, y específicamente el 30 de octubre, se dio el aval para la instalación de una tubería de 30 pulgadas para la red de alcantarillado en el proyecto vial que comprende el corredor de carga Cartagena-Barranquilla. Es de resaltar que dicho contrato tiene un 95 % de ejecución y un 50 % de avance en pagos, con el cual se espera finiquitar el problema de inundación en los barrios más vulnerables de este municipio. “Los recursos de Turbaco son limitados, y por eso estamos gestionando ante el Gobierno Nacional el respaldo necesario para sacar adelante este proyecto tan urgente para el municipio. Le pedimos al presidente Gustavo Petro Urrego que respalde este proyecto para poder superar un problema que ha afectado a nuestra comunidad durante años”, aseveró la alcaldesa del municipio, Claudia Espinosa. Desde el Gobierno Nacional se están gestionando los recursos para avanzar y concluir este proyecto, que contribuirá al beneficio de los sectores más afectados de Turbaco.