La jueza Sexta Administrativa del Circuito de Cartagena, Laura Arnedo Jiménez, dentro de la Acción popular, decreto medida cautelar en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, y evitar con ello la afectación de los cuerpos de agua, mangles y, en general, el ecosistema de la Laguna del Cabrero y zonas adyacentes, tal como se explica en la parte motiva de la sentencia. Además, la constructora, Smart Bau Eléctrica S.A.S y Araujo y Segovia deberán cumplir con la orden cautelar de manera inmediata. Dentro de la acción popular, la parte actora solicita al despacho que acceda al decreto de medida cautelar en el sentido que se ordene la suspensión provisional de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, con el fin de evitar el presunto daño ambiental, perdida del manglar y taponamiento de la Laguna del Cabrero. El argumento de la parte accionante, es que en el lugar donde se pretende la construcción del proyecto citado, resulta ser una zona de bajamar, de jurisdicción de la DIMAR, el cual se encuentra ubicado dentro de la zona de manglar que bordea el cuerpo de agua Laguna de Cabrero, que es una reserva natural, razón por la que es objeto de protección constitucional y legal.  Ahora bien, el despacho en virtud del debido proceso surtió el traslado a las partes procesales Superintendencia de Notariado y Registro, Curaduría Urbana N° 2, Procuraduría General de la Nación, Distrito de Cartagena de Indias, Personería Distrital De Cartagena De Indias, DIMAR, EDURBE, Establecimiento Público Ambiental – EPA, para que ejerzan el derecho de defensa y contradicción. De lo anterior, estando vencido el traslado, la operadora judicial, se valió del principio de precaución, debiendo tomar las medidas eficaces que impidan un daño ambiental, ante un peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente. Finalmente, advierte el despacho que todo lo expuesto en la demanda razonablemente fundada en derecho, como lo prescribe el literal del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

La Alcaldía Mayor de Cartagena revocó la adjudicación del contrato para la construcción del sistema de alcantarillado en Bayunca y Pontezuela, tras detectarse irregularidades en los documentos presentados por el Consorcio Alcantarillado Rural, inicialmente seleccionado para ejecutar el proyecto. La decisión, oficializada mediante la Resolución No. 4041 del 29 de abril de 2025, fue tomada luego de comprobar que las certificaciones de experiencia presentadas por el adjudicatario contenían información engañosa. Según la Oficina Jurídica del Distrito, esto constituye una violación a los requisitos técnicos exigidos en el proceso licitatorio LP-SEGD-001-2025. La alerta fue activada el pasado 22 de abril, cuando uno de los oferentes notificó sobre posibles inconsistencias. En cumplimiento del debido proceso, la Alcaldía trasladó la solicitud al consorcio señalado, que respondió el 26 de abril. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, se concluyó que la documentación tenía elementos falsos, lo que permitió revocar legalmente el acto de adjudicación antes de la firma del contrato, según lo establecido en la Ley 1150 de 2007. La Alcaldía anunció que se abrirá un nuevo proceso de selección para continuar con este proyecto clave para las comunidades de Bayunca y Pontezuela, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en la contratación pública.