Los últimos días de noviembre marcan el inicio de la negociación para definir el incremento del salario mínimo en Colombia, un tema que enfrenta a los empresarios, los líderes sindicales y al Gobierno Nacional en una mesa de concertación. El Ministerio de Hacienda desinfló las expectativas de un aumento grande, ya que (de manera extraoficial) puso un punto de arranque mucho más bajo que el del año pasado. Esta vez, el punto de partida para la discusión es de apenas 6,2 %, una cifra que para algunos trabajadores pueden resultar decepcionante. Así quedarían los costos laborales, según el aumento que se decida: Salario mínimo Si sube 6,2%, quedará en $ 1’380.000. Si sube 6,5%, quedará en $ 1’384.000. Si sube 10%, quedará en $ 1’430.000 Auxilio de transporte Si incrementa 6,2%, será de $ 172.044. Si incrementa 6,5%, será de $ 172.530. Si incrementa 10% %, será de $ 178.200 Pero como los empleadores deben responder por salud, pensión, prima, cesantías, vacaciones, entre otros, esto le costaría a una empresa cada uno de sus trabajadores en 2025: Si aumenta 6,2 %, $ 2’322.439 Si aumenta 6,5 %, $ 2’371.550 Si aumenta 10 % %, $ 2’450.870 En 2024, los costos totales por trabajador son de $ 2’228.064. Según anunció el Ministerio de Trabajo, Entre el 12 y 15 de diciembre se llevarán a cabo las mesas de concertación, en las que deberían llegar a acuerdos para sellar el incremento. Sin embargo, en caso de que no se logre, el Gobierno la establecerá por decreto el 30 de diciembre.

El veedor ciudadano Héctor Pérez denunció posibles irregularidades en la ejecución del Contrato Interadministrativo N.º 059 de 2021, celebrado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Según el informe presentado, los hallazgos incluyen implicaciones penales, fiscales y administrativas que podrían derivar en un significativo detrimento patrimonial. Entre las irregularidades detectadas se encuentra el pago de $3.504.586.519 por actividades no realizadas, producto del incumplimiento en la actualización de 45.143 predios, equivalente al 13% del total proyectado en el contrato. A pesar de los pagos efectuados, no se logró la meta de actualización catastral, lo que evidencia deficiencias en la ejecución del contrato y un uso inadecuado de recursos públicos. El informe muestra observaciones con incidencia penal y fiscal, cuyas cifras están siendo analizadas para determinar las responsabilidades correspondientes. ⚠️Está denuncia no tiene opiniones, posturas ni conceptos del periódico.