En la madrugada del 12 de agosto en la discoteca La Barra, ubicada en el barrio El Pozón, en el sur de Cartagena se convirtió en escenario de un violento ataque que dejó a una persona fallecida y a tres más heridas. El hecho ocurrió cuando un sicario armado con una pistola irrumpió en el establecimiento y abrió fuego indiscriminadamente contra los clientes presentes. Los testigos informaron que el agresor, que llegó en moto acompañado por otro individuo, disparó repetidamente antes de escapar del lugar. Los heridos, identificados como hombres de 28, 29, 31 y 33 años, fueron trasladados de inmediato al Hospital del barrio, situado a corta distancia del lugar del incidente. Lamentablemente, uno de ellos, Jorge Luis Méndez Mora, conocido en el sector como ‘El Morita’, falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El ataque, que desató un clima de pánico entre los asistentes, no ha tenido capturas hasta el momento. Investigadores de la Sijin está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para identificar a los responsables del suceso. El violento ataque ha conmocionado a la comunidad local, que se encuentra preocupada por la posibilidad de que el pistolero no haya actuado solo. Las autoridades continúan investigando para dar con los responsables de este trágico evento.

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, arremetió con fuerza contra el Gobierno nacional por lo que calificó como un manejo fiscal “desesperado e ideologizado”. En su más reciente columna, advierte que la crisis económica no solo es evidente, sino que podría terminar arrastrando al país entero si no se toman correctivos urgentes. “El riesgo no es que se hunda la vaca en el pantano, sino que arrastre al país”, sentenció Lafaurie, tras recordar las múltiples alertas que han lanzado organismos como la Contraloría General de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre el déficit fiscal, la baja ejecución presupuestal y el aumento desmedido del gasto público. La crítica se intensifica al señalar que el Gobierno, en lugar de recortar el gasto, ha optado por presionar aún más a los sectores productivos con un polémico proyecto de decreto que incrementa las tarifas de autorretención para 400 actividades económicas. “Es como si el banco le subiera de un día para otro la cuota a sus clientes… porque sí”, comparó. Lafaurie cuestionó además los intentos fallidos de reformas tributarias, el uso de excusas como brotes de fiebre amarilla para declarar emergencias económicas y lo que considera un intento velado de financiación política rumbo al 2026. “La solución ya ha sido planteada por expertos: recortar el gasto”, concluyó.

La Personería Municipal de Turbaco emitió un auto de apertura de investigación disciplinaria contra los exsecretarios de Planeación David William Padilla Castro, Eduin Enrique Morillo Valdemar, Luis Jerónimo Marrugo Espinosa y Jairo Segundo Nieto Cortecero, por presuntas irregularidades en la expedición de licencias urbanísticas durante sus períodos en el cargo.

 El proceso surge a raíz de presuntas omisiones de funciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en la expedición de licencias urbanísticas en diferentes modalidades, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 2021 y la Resolución 1025 de 2021.

 Investigación basada en denuncias y hallazgos preliminares

 La investigación disciplinaria se enfoca en las licencias otorgadas a proyectos inmobiliarios como Urbanización Las Acacias, Altos de la Constancia, Condominio Milán, Altos del Poblado y Blue Garden. Según el informe del actual secretario de Planeación, algunos de estos proyectos carecían de documentación esencial, como factibilidad de servicios públicos y permisos específicos.

Por ejemplo, en el caso de Altos de la Constancia, se otorgó una licencia de parcelación sin contar con la certificación de factibilidad de servicios públicos, un requisito indispensable. Similarmente, en el proyecto La Cumbre, solo se presentó un informe técnico para el servicio de agua potable, sin evidencia de prestación efectiva del servicio, entre otras irregularidades. 

Impacto y alcance de la investigación

Ivan Roca Álvarez, personero de Turbaco, destacó que esta investigación busca garantizar el cumplimiento de la normatividad urbanística y proteger los derechos de la comunidad, afectada por posibles anomalías en proyectos de vivienda. Según lo establecido en la Ley 1952 de 2019, este proceso disciplinario tiene fines preventivos y correctivos.
 De confirmarse las irregularidades, los exsecretarios podrían enfrentar sanciones que incluyen desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. 

La Personería anunció que continuará recopilando pruebas y realizando un análisis detallado de los expedientes para determinar la responsabilidad de los implicados.

 “Nuestro objetivo es garantizar la legalidad y la transparencia en la administración pública, especialmente en temas tan sensibles como el desarrollo urbanístico”, enfatizó el Personero de Turbaco.

Se espera que el proceso permita esclarecer las posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes. 

La Agencia del Ministerio Público alerta a la ciudadanía sobre el aumento de casos de irregularidades en proyectos inmobiliarios que no cumplen con las certificaciones y licencias urbanísticas exigidas por la ley. Ante esta situación, hace un llamado a los futuros propietarios y compradores para que se aseguren de que los proyectos cuenten con las debidas certificaciones y licencias, así como la factibilidad otorgada por las empresas de servicios públicos inmobiliarios.

 La entidad señala que, en algunos casos, las construcciones avanzan sin contar con los permisos requeridos, lo que pone en riesgo no solo la inversión de los compradores, sino también la seguridad y la sostenibilidad de las obras. Además, se han detectado proyectos que no cumplen con los estándares necesarios para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, lo cual puede derivar en serios inconvenientes para las comunidades afectadas. 

 En este sentido, el Ministerio Público insta a las autoridades municipales y departamentales a fortalecer los controles sobre las actividades urbanísticas y sancionar con rigor a quienes incumplan la normatividad vigente. Asimismo, reitera la importancia de fomentar una cultura de legalidad y transparencia en el sector inmobiliario.

 Finalmente, invita a los ciudadanos a realizar consultas previas con las entidades correspondientes para verificar la legalidad y viabilidad de los proyectos antes de realizar cualquier transacción. Este esfuerzo conjunto es clave para garantizar un desarrollo urbano ordenado y sostenible que respete los derechos de los ciudadanos. Información suministrada a prensa.