Se trata de Viviana Villalobos, la diputada nacida en Cartagena con raíces en Marialabaja Bolívar, especialista y magister en derecho administrativo, estudiante doctorado en derecho económico y actual diputada bolivarense del partido Cambio Radical, quien el pasado miércoles 5 de marzo, recibido una condecoración por parte del Congreso de la República, un honor que reconoce la dedicación y compromiso con la comunidad. Villalobos ha sido una figura destacada en la política bolivarense, con una trayectoria que incluye su segundo periodo como diputada de Bolívar. Su experiencia y conocimiento han sido fundamentales en la promoción de proyectos y políticas en la región. “Muy agradecida con la Cámara de Representantes que hoy nos da esta exaltación. Esto es sólo la muestra del trabajo pero también del compromiso que tenemos de como representantes de un territorio de seguir ofreciendo lo mejor”, aseguró Villalobos.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció la ocupación ilegal de al menos 16 mil hectáreas destinadas a la reparación de víctimas del conflicto armado. Empresarios, políticos y narcotraficantes estarían detrás de esta red, conocida como el ‘Cartel de la Tierra’, que afecta predios en Córdoba, Bolívar, Cesar y Antioquia. Entre los nombres más sonados se encuentran Félix Gutiérrez, quien fue alcalde de Buenavista (Córdoba), y Hugues Manuel Rodríguez, alias ‘Comandante Barbie’, ambos relacionados con predios adquiridos de manera irregular. Gutiérrez, además, ha sido señalado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, como responsable de la masacre de La Mejor Esquina en 1988, mientras que Rodríguez controla predios como La América, en Cesar, que habían sido entregados al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV). Asimismo, figuran empresas como K-Supply Group SAS, que accedió a 1.841 hectáreas en Antioquia bajo contratos cuestionados, y la familia Méndez en Bolívar, vinculada a un grupo paramilitar de los Montes de María. Sin embargo, hay otros casos, mismos que incluyen predios baldíos en Meta ocupados por familiares de Víctor Carranza, así como el venezolano Charif El Hadaui Hernández, quien arrendaba predios en Antioquia pese a sus antecedentes judiciales. Por su parte, la ANT, bajo el liderazgo de Felipe Harman Ortiz, trabaja para recuperar las tierras y adjudicarlas a campesinos y víctimas. Hasta ahora, se han gestionado convenios por $700 mil millones para adquirir 53 mil hectáreas y se proyecta identificar 100 mil más en colaboración con exjefes paramilitares designados como Gestores de Paz. De esta manera, la ANT, con el apoyo de la Fiscalía, busca adelantar investigaciones penales y garantizar que estas tierras cumplan su propósito de justicia y reparación. Por lo que, el director Felipe Harman destacó: «Estas acciones son clave para desmantelar el control ilegal de los predios y devolverlos a quienes realmente los necesitan».