Luego de la reciente controversia por la disminución del presupuesto a la Contraloría Distrital por presuntos sobrecostos, la Contraloría General ha “respaldado” a la Alcaldía de Cartagena confirmando que los cálculos del distrito son correctos. 🗣️ “Realizada la revisión del cálculo del límite de gastos para la vigencia 2025 proporcionado por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, y teniendo en cuenta que utilizó la inflación proyectada por el Banco de la República (3%), se encuentra que los cálculos son correctos. Sin embargo, la Contraloría General de la Republica no tiene la competencia para emitir indicaciones sobre el procedimiento para determinar el presupuesto de la vigencia 2025”, manifiesta el documento de la Contraloría General de la Nación. Esto, tras la solicitud por parte de la Secretaría de Hacienda en cabeza de María Camila Salas, para obtener revisión del cálculo para proceder a la asignación de recursos destinados a la Contraloría Distrital 2025.

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) invita a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual tendrá lugar este jueves 27 de marzo en el Salón de Actos Clímaco Silva García, segundo piso, a las 8:30 a.m. Durante el evento se presentarán los logros más importantes conseguidos en la vigencia 2024. Entre los temas destacados, se presentarán las mejoras en infraestructura, recaudo económico, lanzamientos de nuevos servicios, entre otros.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.