El próximo 22 de julio de 2025 se llevará a cabo en Sincelejo, Sucre, el Diálogo Territorial No. 10, un espacio de participación ciudadana organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). El encuentro hace parte de la estrategia nacional Diálogos Territoriales: Gobernanza y ley de distribución de competencias, que busca recoger insumos para la construcción de la nueva normativa que definirá qué funciones asumirán los gobiernos locales. La jornada se realizará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sede territorial de la ESAP (Carrera 17 #23-106) y contará con la presencia de representantes del alto gobierno, autoridades territoriales, comunidades, pueblos ancestrales, la academia y la sociedad civil. En esta edición, el eje temático central será la ruralidad y su relación con la futura Ley de Distribución de Competencias. Este proceso cobra relevancia tras la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024, que incrementará de manera gradual los recursos que reciben las entidades territoriales, pasando del 28% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 12 años. Para que este cambio entre en vigor, el Congreso debe aprobar una ley que establezca con claridad las nuevas responsabilidades de municipios y departamentos. Los interesados en participar pueden inscribirse gratuitamente en la página oficial de la ESAP

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado (el motivo que inició la acción de tutela ya se ha resuelto o deja de existir) en la acción de tutela presentada por el exalcalde William Dau Chamat. La decisión, firmada el 30 de abril de 2025, responde a la solicitud del accionante por presuntas vulneraciones al debido proceso por parte de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. El fallo también determinó que no se configuró una afectación al derecho fundamental alegado, al constatar la inexistencia de una conducta que lo vulnerara. En consecuencia, la acción fue declarada improcedente, dado que los hechos que originaron la tutela fueron superados por el accionar institucional. Finalmente, el Tribunal ordenó que, en caso de no ser impugnada la decisión, las diligencias sean remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión.