Por: Ricardo Estacio.
Estudiante de Economía, Universidad de Cartagena.
La educación es una herramienta de vital importancia en el desarrollo de la sociedad, esta debe ser capaz de desarrollar y transmitir los conocimientos más avanzados de la ciencia, además lograr encadenarse con el desarrollo de las fuerzas productivas.
Una educación de alta calidad se convierte en los cimientos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo que se convierte en arma fundamental para combatir los atrasos económicos, productivos, sociales y políticos que acarrean a nuestro país.
No obstante, el abandono que vienen sufriendo las Instituciones de educación superior públicas en el país es alarmante y al mismo tiempo se han venido fortaleciendo sus homólogas privadas. En esto, varios factores juegan un papel importante.
Un primer aspecto a señalar es lo costoso que resulta brindar educación de alta calidad, pero no educarnos podría salir más costoso aún.
Y es que, precisamente en Colombia, el panorama de la educación superior no es nada alentador. El sistema de educación superior en nuestro país se encuentra regido mediante la Ley 30 de 1992, la cual segmenta la educación en dos niveles: Pregrado (técnicos, tecnológico y profesional) y posgrado (especialización, maestría y doctorado). Además, encontramos que son las IES (Instituciones de Educación Superior) las entidades encargadas con reconocimiento oficial para prestar el servicio de la educación superior, y estas según su naturaleza jurídica se dividen en públicas o privadas.
En Colombia hay, actualmente, 286 IES, de las cuales 80 son públicas y 206 privadas, entre ellas 32 universidades públicas y 48 privadas. El problema que sufren las IES públicas es que según el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 los aportes de la nación a estas dependen del presupuesto asignado en 1993 y se actualiza anualmente según crezca la inflación, pero resulta que los aportes del estado representan cada vez una menor proporción dentro del presupuesto de estas.
Las IES públicas vienen realizando todo tipo de maniobras para poder sobrevivir, como el cobro de estampillas, aumento del costo de las matriculas, cobro por prestación de servicios, cobro por pagos de derechos de grado; todo esto como una manera de solventar el abandono en que cada día más las tiene el estado y es además el camino hacia la privatización de la educación.
Según datos del SUE (Sistema Universitario Estatal) mientras en 1993 el 79% de los recursos de las IES públicas eran aportados por el Estado, al año 2010 lo aportado por el Estado había caído a un 49%, debido a esto las IES han tenido que recurrir a estas otras formas de financiamiento.
Por otro lado, y según la misma fuente, en 1993 el aporte de la nación por estudiante era de 10’825.890, mientras que en 2015 esa cifra cayó a menos de la mitad y se situó en 4.894.156.
Además, según datos suministrados por el SUE el estado tiene una deuda con las universidades públicas que rodea los 15 billones de pesos, lo cual explica en parte la crisis de las mismas.
Al mismo tiempo que se abandona o deja a su propia suerte la educación superior pública, vemos que el estado concentra recursos en financiar la demanda, lo cual consiste en fortalecer las universidades privadas. Es donde nacen programas como “ser pilo paga”, que no consiste en más que desviar recursos que deberían ir para financiar la educación pública y entregárselo a estudiantes, pero en forma de crédito y que como si fuera poco más del 98% de esos recursos terminan en las arcas de las universidades privadas.
Las grandes potencias mundiales poseen un aparato productivo que demanda los más altos avances de investigación en ciencia y tecnología, así mismo requiere de los profesionales más altamente cualificados, lo que incentiva a que el Estado realice una gran apuesta a la educación, investigación y desarrollo.
Los países más desarrollados tienen en común que exportan al mundo los productos con lo último en avances tecnológicos, productos con alto nivel de elaboración y que además generan gran encadenamiento productivo. En Colombia sucede todo lo contrario, somos un país que basamos nuestras exportaciones en productos minero-energéticos (representan la mitad de nuestras exportaciones), es decir nos relacionamos con el mundo exportando materias primas. Nuestros principales productos de exportación son: Petróleo crudo ($7,87 Miles de Millones), Briquetas de carbón ($4,39 Miles de Millones), café, ($2,45 Miles de Millones), refinado de petróleo ($1,96 Miles de Millones) y flores cortadas ($1,31 Miles de Millones) . Tenemos un país donde sus exportaciones son productos de muy bajo nivel de complejidad, lo cual demanda así mismo poco nivel de cualificación para su producción, entonces un país pobre demanda un nivel de educación muy pobre.
La lógica de quienes vienen gobernando a Colombia ha sido desmantelar la educación pública, desfinanciar la investigación y el desarrollo (para el año 2012 el presupuesto de ciencia e investigación fue de 431 Mil Millones, mientras que para el 2018 el presupuesto se encuentra en 339 Mil Millones, un alarmante desfinanciamiento), además cabe mencionar que pretenden gastar las regalías que deberían ir para la ciencia e investigación en la construcción de carreteras .
Es claro que quienes han gobernado el país no han tenido la voluntad de desarrollar una educación de calidad que nos ayude a salir del atraso, es que nos han impuesto una educación pobre, para un país pobre. Por esto, hoy toman fuerza las palabras del defensor de la educación, el senador Jorge Robledo, «Dime que país quieres y te diré que educación necesitas». Es que hoy más que nunca podemos afirmar que la política educativa de Juan Manuel Santos y quienes lo han antecedido es sin duda la de la mala educación.
Por eso, el llamado a todas las fuerzas democráticas del país es a luchar por una educación de alta calidad, verdaderamente pública, de carácter universal y que se encuentre al servicio del desarrollo de la nación, solo una educación de ese talante podrá sacarnos del panorama sombrío al que nos han llevado.
