Descubre la autenticidad en cada rincón.
Estos emprendedores en Cartagena te ofrecen una muestra de la vida junto al agua. ¡Conviértete en parte de su historia!
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Uncover authenticity in every corner.
These Cartagena entrepreneurs offer you a glimpse of waterside living. Be a part of their story!
Montería le apuesta en materia de infraestructura con la construcción de puente encima del río Sinú y un tranvía turístico Entre las principales apuestas en cuanto a la movilidad turística de Montería se destaca la priorización de la construcción de un puente que atraviese el río Sinú para que propios y visitantes puedan gozar de mejoras en la movilidad, además, se busca crear un sistema de transporte en la Avenida Primera. Estos dos proyectos, buscar revolucionar la conexión entre ambas márgenes del río y revitalizar el centro de la capital cordobesa. La administración municipal, al frente de Hugo Kerguelén ya comenzó la puesta en marcha con la implementación de un contrato interadministrativo con la firma consultora Puerta de Oro, para ejecutar los estudios de diseño e intervenciones estratégicas. Por su parte, el puente unirá ambos extremos del canal fluvial, creando un corredor continuo que les permita a los montemarianos cruzar el río sin ningun tipo de contratiempos. En cuanto al tranvía, se tiene pensado que este pueda recorrer la Avenida Primera entre las calles 21 y 37, se convertirá en un nuevo símbolo de la ciudad. Con este transporte no solo se busca mejorar la movilidad local, sino que funcionará como motor dinamizador de la economía y atractivo turístico en toda la zona del centro de la ciudad. Estas dos obras le apuestan a posicionar a Montería como un referente de la innovación urbana.
Prosperidad Social, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, avanza en el proyecto Unidades Productivas de Autoconsumo, que busca garantizar la seguridad alimentaria de 1.200 hogares en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa está dirigida a comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas, y a familias afectadas por el desplazamiento forzado, con el propósito de mejorar el acceso a alimentos y fomentar estilos de vida saludables. Gracias a esta iniciativa, cerca de 4.800 personas en Bolívar han recibido insumos y herramientas, así como capacitación en el manejo eficiente de cultivos. Durante tres encuentros comunitarios, conocidos como ‘ollas comunitarias’, se han entregado elementos como semillas, herramientas agrícolas y materiales para la producción, valorados en más de un millón de pesos por cada familia beneficiada. Los participantes, además de aprender nuevas técnicas de cultivo, también han tenido la oportunidad de compartir conocimientos ancestrales que rescatan las costumbres alimenticias locales. Andrea Feo Mahecha, directora de Inclusión Productiva de Prosperidad Social, destacó que este proyecto es parte de los esfuerzos del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, enfocado en el derecho a la alimentación. ‘Estamos respondiendo a los retos del Gobierno del Cambio, encabezado por el presidente Gustavo Petro, con acciones concretas que buscan un país sin hambre y con acceso a alimentos’, afirmó Feo Mahecha. La inversión para esta iniciativa supera los 50.000 millones de pesos, impactando a 9.300 hogares en distintos departamentos, incluyendo Bolívar, Cauca, Magdalena, Chocó y Antioquia. Este proyecto, respaldado por el Acuerdo 687 de 2023, busca fortalecer la producción de alimentos para el autoconsumo y garantizar la sostenibilidad alimentaria de las comunidades a lo largo del año. Las familias beneficiadas ahora cuentan con mejores herramientas para enfrentar la inseguridad alimentaria, mientras desarrollan prácticas agrícolas que promueven un estilo de vida más saludable y sostenible.
Ecosistemas del Dique, encargado del megaproyecto de restauración del Canal del Dique, ha firmado un convenio de cinco años con la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) región Caribe. Busca potenciar el desarrollo social y económico de las comunidades aledañas al canal, enfocándose en la responsabilidad social, la capacitación y la innovación. Este acuerdo, formalizado el 8 de mayo, tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo social y económico en el área de influencia del canal. La alianza se enfoca en proyectos de responsabilidad social, formación, capacitación, investigación e innovación, además del fortalecimiento de unidades productivas y la generación de valor de productos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades cercanas. A partir del segundo semestre del año, se ofrecerán cursos de formación en áreas como manipulación de alimentos, emprendimiento, soldadura, electricidad y atención al cliente. Estos cursos son parte del Plan de Capacitaciones desarrollado por la Gestión Social de Ecosistemas del Dique, en colaboración con el SENA. El primer curso de atención al cliente ya ha comenzado en el municipio de Calamar con 60 participantes. Para más detalles sobre las convocatorias y requisitos de inscripción, los interesados pueden visitar la página web www.ecosistemasdeldique.com y seguir las actualizaciones en las redes sociales del proyecto @ecosistemasdeldique.
Este lunes 18 de noviembre del año en vigencia, salvavidas y agentes de la Policía Metropolitana llegaron a las orillas del Caño Juan Angola, en el barrio Crespo, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre la situación. Horas antes, familiares y conocidos del hombre habían pedido ayuda en redes sociales, indicando que se había lanzado al caño y no había salido y que, testigos capturaron en imágenes el momento en que el cuerpo fue recuperado por los rescatistas. Sin embargo, la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada oficialmente y serán los forenses de Medicina Legal quienes esclarezcan las circunstancias de la muerte. Por su parte, en paralelo las autoridades investigan lo ocurrido en este cuerpo de agua.
El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Ministerio de Minas y Energía (Minminas) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que implementen medidas inmediatas, así como a mediano y largo plazo, para reducir las tarifas de energía eléctrica en la Región Caribe. Esta decisión se tomó en respuesta a una acción popular presentada por los personeros de Barranquilla y Santa Marta, Miguel Ángel Alzate y Édward Fernando Orozco, respectivamente. El Tribunal comprobó que el nuevo régimen tarifario establecido por la CREG ha tenido efectos negativos para los 2.7 millones de usuarios de las empresas Air-e y Afinia en la Costa Atlántica. Por ello, se ordenó que en un plazo de 10 días a partir de la notificación, se convoque a una sesión o audiencia pública en Barranquilla. El objetivo de esta audiencia es analizar el impacto económico y social de las Resoluciones 010 de 2020 y 78 de 2021, así como cualquier otro acto administrativo relacionado, para determinar si es necesario revisar los indexadores de la fórmula tarifaria en la región y, de ser así, establecer los nuevos que reflejen adecuadamente los costos del servicio. Además, se ordenó revisar otros componentes que afectan la tarifa, como los relacionados con pérdidas y restricciones, teniendo en cuenta las particularidades de la región. Se evaluará la posibilidad de crear una nueva fórmula tarifaria que desvincule el Índice de Precios al Productor (IPP) de los componentes regulados y los indexe al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo otorgó algunas de las medidas cautelares solicitadas por los personeros, pero no suspendió los efectos legales de las Resoluciones 010 y 078 ni ordenó a Air-e que detenga los cortes de servicio por falta de pago. Sin embargo, sí estableció plazos para que la CREG y Minminas convoquen a una audiencia pública para analizar la situación y buscar soluciones inmediatas. El periodista José Granados Fernández informó que, para evitar retrasos, el magistrado determinó que la CREG debe realizar la audiencia pública cinco días después de la convocatoria. A la audiencia deberán asistir los alcaldes, gobernadores, parlamentarios de la Región Caribe, y otros actores clave como el Ministro de Minas y Energía, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y representantes de Air-e, Afinia y otros interesados.
Los últimos días de noviembre marcan el inicio de la negociación para definir el incremento del salario mínimo en Colombia, un tema que enfrenta a los empresarios, los líderes sindicales y al Gobierno Nacional en una mesa de concertación. El Ministerio de Hacienda desinfló las expectativas de un aumento grande, ya que (de manera extraoficial) puso un punto de arranque mucho más bajo que el del año pasado. Esta vez, el punto de partida para la discusión es de apenas 6,2 %, una cifra que para algunos trabajadores pueden resultar decepcionante. Así quedarían los costos laborales, según el aumento que se decida: Salario mínimo Si sube 6,2%, quedará en $ 1’380.000. Si sube 6,5%, quedará en $ 1’384.000. Si sube 10%, quedará en $ 1’430.000 Auxilio de transporte Si incrementa 6,2%, será de $ 172.044. Si incrementa 6,5%, será de $ 172.530. Si incrementa 10% %, será de $ 178.200 Pero como los empleadores deben responder por salud, pensión, prima, cesantías, vacaciones, entre otros, esto le costaría a una empresa cada uno de sus trabajadores en 2025: Si aumenta 6,2 %, $ 2’322.439 Si aumenta 6,5 %, $ 2’371.550 Si aumenta 10 % %, $ 2’450.870 En 2024, los costos totales por trabajador son de $ 2’228.064. Según anunció el Ministerio de Trabajo, Entre el 12 y 15 de diciembre se llevarán a cabo las mesas de concertación, en las que deberían llegar a acuerdos para sellar el incremento. Sin embargo, en caso de que no se logre, el Gobierno la establecerá por decreto el 30 de diciembre.
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