“Déficit de docentes, precariedad de la infraestructura educativa y aumento de cobertura PAE, los grandes retos  que debe afrontar el nuevo gobierno para mejorar la calidad educativa en el departamento”: Secretaría de Educación de Bolívar.

EN ARAS DE FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DEL SECTOR EDUCATIVO

Anuncio del Secretario de Educación de Bolívar, en el marco de los Talleres Participativos para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, sector educación, “hemos planteado al Ministerio avanzar con FIDUPREVISORA para que se obvie algunas situaciones de tipo administrativo que no le permiten a la entidad ampliar la planta docente en el departamento de Bolívar”, dijo, la máxima autoridad educativa del departamento.

El secretario de Educación de Bolívar, Robinson Casarrubia Cardona, en nombre del gobierno del “Bolívar SÍ Avanza”, que lidera Dumek Turbay Paz, aseguró en al marco de la realización  de los Talleres Participativos para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, liderado en Cartagena por el Ministerio de Educación, que el gobierno del presidente  Iván Duque, debe tener 4 aspectos fundamentales para contribuir con el mejoramiento de la tan anhelada calidad educativa en cada una de las 224 instituciones educativas del departamento de Bolívar.

“Tenemos una dificultad apremiante que es el déficit de 217 docentes en Bolívar, para eso hemos propuesto al Ministerio que avancemos con la Fiduprevisora y que obviemos situaciones administrativas que no nos permite ampliar la planta docente, desde la Secretaría hemos sido muy juiciosos con la elaboración de los estudios técnicos de planta y en reiteradas ocasiones hemos manifestado nuestro inconformismo  a la Fiducia”, dijo Casarrubia Cardona.

La máxima autoridad educativa del departamento aseguró, que otro de los aspectos a mejorar es la de garantizar el acceso de los jóvenes bolivarenses  a la educación superior, “la propuesta que tenemos como entidad territorial es que los chicos y chicas se  vinculen a programas pertinentes de media técnica que garanticen el acceso a la educación superior pública, de ahí la importancia de rescatar  cada estrategia de formación y evaluación que afiance las competencias de los estudiantes de 10° y 11° grado”, precisó, Casarrubia.

El funcionario agregó que otro aspecto a mejorar es la infraestructura educativa de las escuelas oficiales del departamento, “el 62 % de nuestras escuelas se encuentran en un estado deplorable, como Secretaría tenemos unas priorizaciones y unos proyectos adelantados  en fase 3, para que el Ministerio  nos financie  y así poder acabar con este flagelo que nos azota, y  los espacios y entornos sean acordes a las necesidades de nuestros estudiantes”, agregó.

Por último, Casarrubia Cardona, habló del fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, como una verdadera estrategia de permanencia, “el programa se encuentra desfinanciado, es una preocupación que tenemos, y la propuesta que le planteamos a la ministra es que incluya al departamento de Bolívar en el plan de fortalecimiento que ya inició con  10 entidades territoriales, le de la fundamentación financiera que necesita el programa y sabiendo que solamente cubrimos el 50% de nuestra matrícula oficial”, subrayó.

Los municipios más afectados con el déficit de maestros se ubican en el Magdalena Medio, en la Mojana bolivarense y muy pocos casos en los montes de María.

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 El proceso surge a raíz de presuntas omisiones de funciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en la expedición de licencias urbanísticas en diferentes modalidades, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 2021 y la Resolución 1025 de 2021.

 Investigación basada en denuncias y hallazgos preliminares

 La investigación disciplinaria se enfoca en las licencias otorgadas a proyectos inmobiliarios como Urbanización Las Acacias, Altos de la Constancia, Condominio Milán, Altos del Poblado y Blue Garden. Según el informe del actual secretario de Planeación, algunos de estos proyectos carecían de documentación esencial, como factibilidad de servicios públicos y permisos específicos.

Por ejemplo, en el caso de Altos de la Constancia, se otorgó una licencia de parcelación sin contar con la certificación de factibilidad de servicios públicos, un requisito indispensable. Similarmente, en el proyecto La Cumbre, solo se presentó un informe técnico para el servicio de agua potable, sin evidencia de prestación efectiva del servicio, entre otras irregularidades. 

Impacto y alcance de la investigación

Ivan Roca Álvarez, personero de Turbaco, destacó que esta investigación busca garantizar el cumplimiento de la normatividad urbanística y proteger los derechos de la comunidad, afectada por posibles anomalías en proyectos de vivienda. Según lo establecido en la Ley 1952 de 2019, este proceso disciplinario tiene fines preventivos y correctivos.
 De confirmarse las irregularidades, los exsecretarios podrían enfrentar sanciones que incluyen desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. 

La Personería anunció que continuará recopilando pruebas y realizando un análisis detallado de los expedientes para determinar la responsabilidad de los implicados.

 “Nuestro objetivo es garantizar la legalidad y la transparencia en la administración pública, especialmente en temas tan sensibles como el desarrollo urbanístico”, enfatizó el Personero de Turbaco.

Se espera que el proceso permita esclarecer las posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes. 

La Agencia del Ministerio Público alerta a la ciudadanía sobre el aumento de casos de irregularidades en proyectos inmobiliarios que no cumplen con las certificaciones y licencias urbanísticas exigidas por la ley. Ante esta situación, hace un llamado a los futuros propietarios y compradores para que se aseguren de que los proyectos cuenten con las debidas certificaciones y licencias, así como la factibilidad otorgada por las empresas de servicios públicos inmobiliarios.

 La entidad señala que, en algunos casos, las construcciones avanzan sin contar con los permisos requeridos, lo que pone en riesgo no solo la inversión de los compradores, sino también la seguridad y la sostenibilidad de las obras. Además, se han detectado proyectos que no cumplen con los estándares necesarios para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, lo cual puede derivar en serios inconvenientes para las comunidades afectadas. 

 En este sentido, el Ministerio Público insta a las autoridades municipales y departamentales a fortalecer los controles sobre las actividades urbanísticas y sancionar con rigor a quienes incumplan la normatividad vigente. Asimismo, reitera la importancia de fomentar una cultura de legalidad y transparencia en el sector inmobiliario.

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