El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, respondió un trino del empresario barranquillero, Christian Daes, al cual le compartió su intención de que se convierta en propietario del Real Cartagena, con miras a llevar al equipo auriverde a disputar torneos continentales. Todo surgió de un mensaje publicado por Daes el día de ayer a través de la plataforma X, en el cual crítica al Junior de Barranquilla por no mostrar un mayor espíritu competitivo dentro de la cancha. Uno no puede aspirar a siempre ganar @JuniorClubSA, pero a lo que no hay derecho es a tener un equipo muerto de espíritu. Algo no está bien. Los dueños del equipo deben actuar. Los aficionados nos estamos cansando. GRACIAS», expresó el barranquillero. Por su parte, casi 24 horas después de haber realizado la publicación, Yamil Arana expresó su deseo de que crear un proyecto de equipo para el Real Cartagena que este «comandado» por Daes. «Tío, nos gustaría que compraras el Real Cartagena. Jugar la libertadores sería un sueño», expresó el mandatario departamental.

Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones. Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones.