La Carcel Departamental de San Diego, existió originalmente, en la época colonial, el lugar fue un convento donado en 1608 por el mercader portugués Jorge Fernández Gramajo, quien tal vez lo hizo como una forma de expiar sus culpas por su implicación en el comercio de esclavos. El convento funcionó como tal hasta 1821, cuando el claustro pasó a albergar la Escuela Náutica, un centro de formación crucial para la Cartagena del siglo XIX. En 1833, la edificación se transformó en un lugar destinado al cumplimiento de penas, la cárcel, conocida en sus primeras décadas como «El Penal de San Diego», se convirtió en un centro penitenciario que, a lo largo de los años. A mediados del siglo XX, el edificio pasó a funcionar como hospital psiquiátrico entre 1968 y 1976, debido a la creciente necesidad de atención médica  especializada. En 1976, después de esta etapa, la edificación se transformó en lo que muchos cartageneros recordarían con nostalgia como la Escuela de Bellas Artes, un centro educativo dedicado a la cultura y las artes.

Luego de que Eric Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunciara a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, la presidencia de la República emitió un oficio para la Procuraduría, Fiscalía y UNP por este caso. En dichos documento, la Presidencia de la República solicita a los entes «evaluar el caso expuesto en el documento» y «tomar las acciones a las que haya lugar». Cabe recordar que, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. Por su parte, documentación señala que, según voces de Urueta, la UNP y sus funcionarios buscaban «engañar al JUEZ, tratando de decir que el señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la tutela. Se está a la espera que las entidades se manifiesten y correspondan a la medida establecida desde la Presidencia de la República denunciada por el abogado cartagenero.