El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado de su lista de sancionados al empresario venezolano Francisco D’Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, tras una revisión que determinó que no existían pruebas suficientes para mantener las restricciones impuestas en 2021. La decisión, informada por Infobae, también implica el levantamiento de las sanciones contra sus empresas, Elemento Oil & Gas y D’Agostino and Company, que habían sido señaladas en su momento por supuestos vínculos con redes de comercialización de petróleo en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas derivaron en el bloqueo de bienes y la restricción de sus actividades dentro del sistema financiero estadounidense. Por otro lado, en España, D’Agostino ha estado en el centro de un litigio que involucró la emblemática finca Son Galcerán en Mallorca. En este caso, la justicia falló a su favor en una disputa con Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March. La sentencia determinó que March Cencillo debía reembolsarle 2,4 millones de euros, además de una indemnización de 300.000 euros por los perjuicios ocasionados durante la operación de compraventa de la propiedad. D’Agostino, quien reside en España desde 2019, ha desarrollado su carrera en el sector de las inversiones y negocios internacionales.

Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, tras reunión con Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, evalúa la posibilidad que desde su administración local implementar un sistema de seguridad con inteligencia artificial similar alcalde que funciona en Cartagena. “Eso es lo que conocemos cómo construir sobre lo construido. Ustedes saben que acá en nuestro plan de desarrollo, en nuestro programa de gobierno, hemos utilizado este concepto muchísimo”, afirmó Kerguelén. Además de este importante sistema con inteligencia artificial, Kerguelén manifestó su interés en adoptar el programa de botones de pánico que funciona en Sincelejo, tras reunión con su homólogo Yahir acuña, lo que ha ayudado a posicionarse como “la ciudad más segura del país” en 2024. El intercambio de experiencias en seguridad será uno de los temas más importantes de la Cumbre de la Liga de Alcaldes, el próximo 24 de abril, en la Ciudad de Montería.

En preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el intendente en retiro Carlos Augusto Fernández, aceptó ser parte de una red de trata de personas, por lo que fue condenado a siete años de prisión. Con la información que se recopiló por parte de la Dirección Especializada contra la violación a los derechos humanos de la Fiscalía, el hombre captaba a jóvenes en Medellín, y coordinaba traslados a Francia, donde eran explotados laboral y sexualmente. Entre los años 2022 y 2023, mientras estuvo activo, desempeñó labores en la estación La Candelaria, en la capital antioqueña, contactó a muchas mujeres a quien les ofreció que trabajaran como modelos en Francia. «Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval», dice la Fiscalía. Estas mujeres que obtenían la aprobación de la estructura tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova de Rionegro con rumbo a Madrid o Barcelona (España), de donde eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia). Las jóvenes se percataban que al llegar a territorio francés los registros fotográficos habían sido publicados en sitios virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda impuesta por la organización. Carlos Augusto Fernández Raigosa, además fue condenado por un juez penal especializado de Medellín, quien le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.