El Gobierno nacional prepara una serie de modificaciones a la reglamentación laboral que podrían impactar a trabajadores, empleadores, sindicatos y plataformas digitales en Colombia. El Ministerio del Trabajo, dirigido por Natalia Eugenia López Fuentes, presentó ocho proyectos de decreto con los que busca derogar, reemplazar o ajustar disposiciones expedidas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
Las iniciativas abordan asuntos como la tercerización laboral, los pactos colectivos, las facultades de los inspectores de trabajo, la seguridad social de los repartidores de plataformas digitales, el acoso laboral y las condiciones del trabajo doméstico.
Los ocho documentos se encuentran en etapa de consulta pública hasta el 9 de noviembre de 2026, por lo que todavía no representan modificaciones definitivas de las normas vigentes.
La ministra sostiene que el propósito es corregir problemas jurídicos de la reglamentación anterior, sin eliminar los derechos laborales reconocidos por la legislación colombiana.
¿Qué propone el Ministerio del Trabajo con los ocho decretos?
La cartera laboral plantea una revisión de varias disposiciones que, según su interpretación, excedieron los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno.
En Colombia, los decretos reglamentarios permiten desarrollar y precisar la aplicación de las leyes, pero no pueden crear obligaciones o sanciones contrarias a lo establecido por el Congreso.
La ministra Natalia López ha señalado que algunas normas expedidas durante el gobierno anterior introdujeron disposiciones que podrían superar esas competencias.
Por esta razón, el Ministerio propone reemplazar determinados artículos, derogar otros y establecer procedimientos que considera más claros.
Sin embargo, la discusión también tiene implicaciones para las relaciones laborales, pues las reglas propuestas afectan la forma en que las empresas contratan personal, los trabajadores ejercen sus derechos y las autoridades realizan inspecciones.
Tercerización laboral: proponen derogar el Decreto 581
Uno de los cambios más importantes está relacionado con la tercerización laboral.
El Ministerio propone derogar el Decreto 581 de 2026, expedido durante el gobierno anterior, al considerar que algunas de sus disposiciones establecieron multas superiores a las permitidas legalmente.
La cartera también sostiene que la norma retomaba reglas que habían sido anuladas previamente por el Consejo de Estado.
La tercerización laboral permite que determinadas actividades sean desarrolladas mediante empresas contratistas o proveedores de servicios, dentro de los límites establecidos por la legislación.
Sin embargo, esta modalidad puede convertirse en una práctica ilegal cuando se utiliza para desconocer derechos laborales o encubrir relaciones de trabajo que deberían reconocerse directamente.
El Ministerio ha aclarado que la propuesta no pretende legalizar la tercerización irregular ni eliminar las sanciones contra quienes incumplan la ley.
Por el contrario, sostiene que las conductas ilegales continuarán siendo objeto de control y sanción.
¿Qué opinan las empresas de servicios temporales?
La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) reaccionó al anuncio y respaldó la necesidad de establecer una regulación que diferencie claramente las actividades autorizadas de las prácticas ilegales.
Miguel Pérez García, presidente del gremio, considera necesario que la nueva reglamentación identifique las conductas que realmente constituyen intermediación o tercerización laboral prohibida.
El sector ha manifestado preocupación por las interpretaciones que puedan confundir el funcionamiento legal de las empresas de servicios temporales con mecanismos destinados a evadir responsabilidades laborales.
Para estas compañías, la claridad normativa es importante porque permite establecer cuáles modalidades de contratación son admisibles y cuáles pueden generar sanciones.
No obstante, la revisión deberá mantener las garantías legales de los trabajadores y los mecanismos de vigilancia correspondientes.
Pactos colectivos: otro de los puntos que cambiaría
El segundo asunto relevante está relacionado con los pactos colectivos.
El Ministerio propone derogar la reglamentación contenida en el Decreto 992 de 2026, que había establecido restricciones adicionales sobre estos acuerdos.
Los pactos colectivos son instrumentos mediante los cuales los empleadores pueden acordar determinadas condiciones laborales con trabajadores no sindicalizados, bajo los requisitos previstos por la ley.
Su regulación ha generado debates porque algunas organizaciones sindicales consideran que pueden utilizarse para debilitar la afiliación y la negociación colectiva.
La administración anterior introdujo medidas restrictivas con el propósito de proteger el derecho de asociación sindical.
Ahora, el Ministerio plantea retirar esa reglamentación.
Sin embargo, seguiría vigente la prohibición legal de celebrar pactos colectivos cuando el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa.
Esto significa que la eventual derogatoria del decreto no eliminaría las restricciones que ya están establecidas en normas de rango legal.
Inspectores de trabajo: buscan redefinir sus facultades
Otro proyecto aborda las competencias de los inspectores laborales.
La propuesta está relacionada con el Decreto 720 de 2026, cuya reglamentación es cuestionada por el actual Ministerio.
Según la ministra López, algunas disposiciones podían interpretarse como una atribución de facultades propias de los jueces a los inspectores de trabajo.
Esta situación habría generado controversias jurídicas y demandas contra la norma.
La nueva propuesta busca establecer límites y procedimientos más precisos para las actuaciones administrativas.
En particular, el Ministerio plantea que las medidas adoptadas por los inspectores deben contar con una justificación, tener carácter temporal cuando corresponda y permitir su revisión mediante los recursos establecidos en la ley.
Los inspectores conservarían sus competencias para intervenir frente a situaciones de riesgo laboral.
La finalidad anunciada es evitar que las actuaciones administrativas excedan las facultades que les concede el ordenamiento jurídico.
Rappi y otras plataformas: cambios en los aportes a seguridad social
Los trabajadores de plataformas digitales de reparto también están incluidos en el paquete de modificaciones.
El Ministerio propone ajustar el Decreto 991 de 2026, relacionado con la seguridad social de quienes prestan servicios mediante aplicaciones como Rappi y DiDi.
Uno de los aspectos centrales es la base utilizada para calcular las cotizaciones de los repartidores independientes y autónomos.
Según la propuesta divulgada, los aportes se calcularían sobre el 40 % de los ingresos efectivamente obtenidos por el repartidor, en lugar de tomar como referencia un salario mínimo que algunos trabajadores no alcanzan a ganar.
El Ministerio sostiene que esta modificación busca ajustar la reglamentación a lo previsto por la ley.
Para los repartidores, la forma de calcular las cotizaciones resulta especialmente importante porque sus ingresos pueden variar dependiendo de las horas trabajadas, la demanda de pedidos y las condiciones de cada plataforma.
Sin embargo, la aplicación definitiva de estas reglas dependerá del texto que sea expedido y de su armonización con el régimen legal de seguridad social.
Acoso laboral y sexual: ¿qué protecciones se mantendrían?
El paquete también contempla modificaciones a la reglamentación sobre acoso laboral, violencia y discriminación en los entornos de trabajo.
El Decreto 1040 de 2026 había establecido medidas relacionadas con la prevención, atención y sanción de estas conductas.
La propuesta del actual Ministerio plantea reorganizar algunas de esas disposiciones.
De acuerdo con la información anunciada, se mantendrían los mecanismos de prevención y atención a las víctimas, así como la protección especial de seis meses relacionada con situaciones de acoso sexual.
También se propone que la atención psicológica correspondiente sea asumida por las administradoras de riesgos laborales (ARL), dentro de sus competencias.
Uno de los cambios jurídicos más relevantes consiste en retirar presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, solo pueden ser establecidas mediante una ley.
Esto abre una discusión sobre cómo garantizar la protección efectiva de las víctimas sin exceder las competencias reglamentarias del Ejecutivo.
Trabajo doméstico: revisarán las inspecciones en viviendas
El trabajo doméstico es otro de los sectores incluidos en las propuestas.
El Decreto 993 de 2026 contemplaba medidas para fortalecer la protección de las personas que trabajan en hogares.
Entre sus disposiciones se encontraba la posibilidad de realizar determinadas inspecciones en viviendas sin aviso previo.
El Ministerio propone modificar ese aspecto, argumentando la necesidad de proteger también el derecho a la intimidad del hogar.
Según la información divulgada, el seguimiento de esta materia se desarrollaría en la Mesa del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este convenio internacional reconoce derechos y garantías para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
La discusión consiste en encontrar mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales sin desconocer las garantías constitucionales relacionadas con la privacidad y el domicilio.
¿Los ocho decretos ya están vigentes?
No. Este es uno de los aspectos más importantes del anuncio.
El Ministerio del Trabajo presentó ocho proyectos de decreto, no ocho decretos nuevos que ya hayan entrado en vigor.
Los documentos están disponibles para recibir observaciones de ciudadanos, organizaciones sindicales, empresas, gremios y otros interesados.
El plazo anunciado para presentar comentarios es el 9 de noviembre de 2026.
Después de esta etapa, el Gobierno podrá revisar las observaciones y determinar si expide los textos definitivos, si introduce modificaciones o si reconsidera algunas de las propuestas.
Hasta que se adopten formalmente las decisiones correspondientes, no puede afirmarse que todas las disposiciones cuestionadas hayan quedado derogadas.
¿Qué significa esta revisión para trabajadores y empresarios?
Para los trabajadores, los cambios podrían modificar procedimientos administrativos, reglas de contratación y mecanismos reglamentarios de protección.
Para los empresarios, las propuestas podrían introducir ajustes en el cumplimiento de obligaciones laborales y en la manera de atender inspecciones y procedimientos administrativos.
Las empresas de servicios temporales, las plataformas digitales, los empleadores de personal doméstico y las organizaciones sindicales figuran entre los sectores directamente relacionados con los asuntos anunciados.
No obstante, la magnitud real de los efectos dependerá de la redacción final de los decretos.
Es importante diferenciar los cambios reglamentarios de una reforma legislativa.
El Gobierno puede modificar decretos dentro de sus competencias, pero no derogar mediante ese mecanismo los derechos establecidos en leyes que continúan vigentes.
Por ello, los efectos jurídicos de cada propuesta deberán examinarse de acuerdo con su contenido y con las normas superiores que regulan la materia.
¿Cómo pueden participar los colombianos en la consulta?
El Ministerio del Trabajo abrió un periodo para recibir comentarios sobre los ocho proyectos.
Los interesados pueden consultar los documentos a través de los canales oficiales de la entidad, especialmente en su portal institucional:
Se recomienda buscar la sección de proyectos normativos o consultas públicas, identificar los documentos publicados y revisar los mecanismos habilitados para presentar observaciones.
Las personas y organizaciones interesadas pueden analizar el alcance de las disposiciones y formular comentarios jurídicos, técnicos o relacionados con sus posibles efectos.
El plazo anunciado finaliza el 9 de noviembre de 2026.
Un nuevo debate sobre las reglas laborales en Colombia
La presentación de los ocho proyectos marca una nueva etapa en la discusión sobre la regulación del trabajo en el país.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de la ministra Natalia López, sostiene que busca corregir disposiciones que considera jurídicamente problemáticas.
Por su parte, los cambios propuestos involucran materias sensibles para trabajadores, empleadores y sindicatos, como la tercerización, la negociación colectiva y las garantías frente al acoso.
La discusión no se limita a la eliminación de normas del gobierno anterior, sino que también plantea preguntas sobre el alcance de las competencias del Ejecutivo y la protección efectiva de los derechos laborales.
Por ahora, ninguna de las ocho propuestas debe confundirse con una reforma ya aprobada. El próximo 9 de noviembre será una fecha clave para el cierre de la consulta pública, antes de que el Ministerio defina el contenido definitivo de las nuevas disposiciones.
