Desde el claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena, el rector de dicha institución, William Malkún, se refirió al fallo otorgado por la Corte Constitucional de no devolver alrededor de 200 mil millones a Ecopetrol por el concepto de pago de la estampilla. Es de conocimiento que desde el pasado 13 de febrero del 2013, Ecopetrol presentó una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra los actos administrativos de la universidad, los cuales fueron negados a pagarse. Frente a ello, se presentaron algunas pugnas legales que se dieron por finalizadas el pasado viernes 13 de diciembre. Mediante el fallo, la Corte deja sin efectos la decisión judicial que ordenaba a la Universidad de Cartagena devolver a Ecopetrol los pagos por el concepto de estampilla, que con gastos  adicionales ascendían a 300 mil millones de pesos. «Este año a la Universidad de Cartagena con su juventud y con su grito de defensa de la universidad pública, hoy, han dado un fruto importante para ello y que van a tener un futuro ya no con terror de que la universidad pueda entrar en una crisis financiera», señaló Williams Malkún, rector de esta alma mater.  Por otra parte, Malkún, manifestó el alivio que traen este tipo de decisiones que van en pro de salvaguardar la educación de miles de jóvenes que acceden a la educación superior de manera pública.  «Ustedes no saben, la carga que me he quitado de encima (…) Cuando una institución de esta solo se dedica a hacer el bien y de pronto se quiere mancillar el buen nombre en la calle, los detractores y en muchos escenarios. El conseguir un logro cuando nadie daba un peso por esto se siente muy bien», continuó diciendo. Finalizó haciendo un llamado a todos los opositores de la Universidad de Cartagena, llamándolos a pensar en el bien común por encima del bien particular. «El problema es cuando solamente nos empecinamos a destruir y esta institución, tenemos que cuidarla todos», finalizó.

Tras de 10 años del atroz asesinato de Kelly Zapateiro por parte del comandante de policía de la estación de Manzanillo del Mar, Andrés Díaz y su esposa, Josefa Cardona, quienes aseinaron, desmembraron y le quitaron su bebé cuando solo tenía 8 meses de gestación. El mes pasado, fue lanzada una sentencia judicial que reconoce la responsabilidad de la nación en esté feminicidio, en la cual se exige una reparación integral para la familia de la víctima y su entorno. Las razones por las cuales se culpabiliza el estado es debido a que asesinato se da a sólo 23 metros de la estación de policía, los instrumentos para llevar a cabo el acto fueron tomados de las despensas de la estación, demás uniformados que estaban en el lugar omitieron los gritos, disparos y la fosa donde incineraron a Kelly. “La joven madre tenía derecho a permanecer segura al interior de la entidad estatal (…). Fueron precisamente (los policías de la estación los que incurrieron en sistémicas omisiones que terminaron por facilitar el fatal desenlace”, indicó la sentencia. Dentro de la reparación de los familiares de la víctima incluye: indemnización de 380 millones de pesos, la construcción de un parque ara protege la seguridad de los niños y niñas del sector, un mural en el parque que sensibilice sobre la violencia y el acoso de las mujeres e implementar programas con iniciativa de género en lapolicías enfocados en la erradicación de la violencia en contra de mujeres y en prevención con el feminicidio.