Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.

La Sala de Instrucción del Alto Tribunal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo tras encontrar pruebas suficientes que responden a hostigamientos en contra de M-19 y el presidente de la República, Gustavo Petro. La corte, señaló a Polo Polo de promover actos orientados a causar daños a miembros del M-19  por razones discriminatorias de ideología política. El ente agregó a además que, el funcionario público, habría usado medios de comunicación para difundir mensajes instando a eliminar a Gustavo Petro y a personas pertenecientes a este grupo al margen de la ley. “Habría usado medios de comunicación para difundir mensajes instando a eliminar a estas personas”, señaló la Corte en este caso donde el ponente es el magistrado Francisco Farfán. Por su parte, Miguel Polo Polo, respondió a la Corte insinuando que “Si la pelea es por vía jurídica, pues la damos. Si la pelea es con plomo, pues ahí si el M-19 nos lleva una gran ventaja; ellos son expertos en terrorismo y desapariciones”. Además, calificó la medida de la Corte Suprema como “exagerada”. “Quienes sí instigaron a atacar a miembros de nuestra Fuerza Pública y a vandalizar comercios fueron los sectores de la izquierda durante el paro, y hoy están libres y gobernando”, concluyó Polo Polo.