La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha anunciado la contratación del operador encargado de la rehabilitación de los Centros de Vida de Bayunca, Chiquinquirá, El Pozón e Isla Fuerte. Estos centros, que no habían sido intervenidos en más de ocho años, se someterán a importantes renovaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en la ciudad. El pasado 18 de junio, la Alcaldía informó que de los nueve proponentes que se presentaron, uno fue seleccionado para llevar a cabo las obras. Según los informes de Cartagena Cómo Vamos, la pobreza afecta severamente a los adultos mayores en la ciudad, con un 45% de los mayores de 65 años percibiéndose en situación de pobreza, lo que evidencia la necesidad urgente de estas intervenciones. El contrato, valorado en $1.289.461.185,28 millones, será financiado con recursos provenientes de las estampillas de adulto mayor. El proceso de contratación, realizado bajo la modalidad de selección abreviada, garantizó que el operador cumpliera con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del Distrito. Las obras incluyen desmontajes y montajes de cubiertas, cielorrasos, mampostería, pisos, acabados, impermeabilización, instalaciones hidráulicas y carpintería metálica, adaptadas a las necesidades específicas de cada centro. Este proyecto busca ofrecer a los adultos mayores espacios más adecuados y dignos, contribuyendo significativamente a su bienestar en la ciudad.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.