Las exfuncionarias son investigadas por posibles fallas en la planeación, estructuración y ejecución de un proceso contractual de 2024 relacionado con servicios de educación inicial.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra dos exdirectivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por presuntas irregularidades en un proceso de contratación adelantado durante 2024 para garantizar servicios de educación inicial a niños y niñas en distintas regiones de Colombia.
Las funcionarias vinculadas son Adriana Velásquez Lasprilla, quien se desempeñó como subdirectora general de la entidad, y María Mónica Martínez Martínez, exdirectora de Primera Infancia. La decisión fue anunciada oficialmente el domingo 25 de octubre de 2026, como parte de las actuaciones del Ministerio Público para esclarecer posibles fallas administrativas en el manejo de la contratación pública.
¿Qué irregularidades investiga la Procuraduría?
De acuerdo con el organismo de control, la investigación busca determinar si existieron anomalías durante la planeación, estructuración y ejecución del proceso contractual. Asimismo, se verificará si las decisiones adoptadas durante su desarrollo pudieron afectar el cumplimiento de las obligaciones pactadas o los mecanismos de supervisión.
La revisión se concentra en establecer cómo se organizó la contratación, cuáles fueron las condiciones para su ejecución y si se aplicaron los controles necesarios para garantizar que los servicios destinados a la primera infancia se prestaran conforme a lo establecido.
Por ahora, la apertura de la investigación no significa que se haya demostrado alguna falta disciplinaria. Las autoridades deberán recopilar y analizar las pruebas antes de definir si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso.
Contratación estaba dirigida a atender a más de 1,6 millones de niños
El proceso bajo revisión se relaciona con un esquema de contratación nacional diseñado en 2024 para ofrecer servicios de educación inicial a través de diferentes modalidades de atención, entre ellas la familiar, institucional y propia e intercultural.
Según la información publicada sobre este programa, la contratación contemplaba una meta de atención de aproximadamente 1.675.000 niños y niñas en todo el país, con una cobertura de hasta 210 días durante el año.
En ese periodo, el ICBF impulsó cambios en la selección de operadores con el propósito de ampliar la participación de organizaciones comunitarias, como asociaciones de padres, juntas de acción comunal, consejos comunitarios y organizaciones indígenas y campesinas.
Sin embargo, el desarrollo del nuevo esquema generó cuestionamientos relacionados con su implementación y las dificultades operativas que pudieron presentarse durante la contratación de los servicios.
¿Qué sigue para las exdirectivas investigadas?
Con la apertura del proceso disciplinario, la Procuraduría deberá establecer si las actuaciones de las exfuncionarias se ajustaron a las obligaciones legales y administrativas que tenían durante su permanencia en el ICBF.
De encontrar elementos que indiquen posibles faltas disciplinarias, el Ministerio Público podrá avanzar hacia una eventual formulación de cargos. En caso contrario, la investigación podría ser archivada.
Mientras tanto, el caso pone nuevamente bajo examen los mecanismos de contratación y supervisión de los programas destinados a la primera infancia, especialmente por tratarse de servicios relacionados con la educación, el desarrollo y la atención integral de niños y niñas en Colombia.










