Una auditoría forense adelantada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encendió las alarmas sobre el manejo de recursos públicos destinados a mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en Colombia. El ministro Jaime Andrés Beltrán reveló tres hallazgos críticos en proyectos de Riohacha, Buenaventura y Ciénaga, donde se identificaron obras que no han comenzado, inversiones sin resultados y trabajos suspendidos.
El funcionario anunció este domingo 18 de octubre de 2026 que entregará la información a los organismos de control para que investiguen las posibles irregularidades y determinen si existen responsabilidades por la falta de ejecución de los proyectos.
Entre los casos más preocupantes se encuentra un convenio de aproximadamente $30.000 millones en Riohacha que registra un avance físico del 0 %, pese a que el Ministerio habría desembolsado más de $3.600 millones. En Buenaventura, un préstamo internacional superior a 76 millones de dólares no se ha traducido en el inicio de las intervenciones previstas, mientras que en Ciénaga se requieren cerca de $4.700 millones adicionales para terminar un proyecto suspendido.
Auditoría forense revela tres proyectos críticos
El ministro Jaime Andrés Beltrán explicó que la revisión comenzó después de que la actual administración asumiera la dirección de la cartera, el pasado 7 de agosto.
Desde entonces, el Ministerio inició un examen de la gestión de recursos públicos y del estado de proyectos que habían sido estructurados o ejecutados durante administraciones anteriores.
La auditoría identificó tres situaciones que requieren especial atención por las dificultades en la ejecución de las obras y sus consecuencias para las comunidades.
Los hallazgos corresponden a proyectos de saneamiento básico y suministro de agua, servicios fundamentales para la salud pública y la calidad de vida.
Aunque el ministro expresó preocupación por las posibles irregularidades, los resultados anunciados todavía deben ser examinados por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
Riohacha: $3.600 millones girados y ni una sola obra ejecutada
Uno de los hallazgos más graves se encuentra en Riohacha, capital de La Guajira.
En 2021 se suscribió un convenio por aproximadamente $30.000 millones para construir infraestructura de alcantarillado que permitiera enfrentar los problemas de inundaciones que afectan a la ciudad.
Sin embargo, la auditoría encontró que el proyecto presenta un avance físico del 0 %.
Esto significa que, según la revisión ministerial, las obras previstas no habían comenzado, pese al tiempo transcurrido desde la firma del convenio.
El informe también señala que el Ministerio habría girado más de $3.600 millones sin que esos recursos se reflejaran en avances de construcción.
De acuerdo con Beltrán, se registraron elevados costos administrativos, pero no resultados concretos en infraestructura.
La situación plantea interrogantes sobre la planeación, la supervisión y la ejecución contractual.
También genera preocupación por las familias que continúan esperando soluciones para las inundaciones y las deficiencias de alcantarillado.
¿Qué ocurrió con los recursos del proyecto de Riohacha?
La diferencia entre los desembolsos reportados y la ausencia de avance físico es uno de los aspectos que deberán revisar los organismos de control.
La investigación tendrá que determinar a qué conceptos se destinaron los recursos, cuáles obligaciones contractuales se cumplieron y por qué no comenzaron los trabajos.
También será necesario establecer si existieron dificultades técnicas, administrativas o financieras que expliquen la falta de ejecución.
El ministro cuestionó que durante años no se hubieran obtenido resultados suficientes para atender las necesidades de la población.
Sin embargo, el hallazgo de una obra sin ejecutar no demuestra por sí solo la comisión de un delito.
La determinación de eventuales irregularidades exige revisar documentos contractuales, pagos, soportes y responsabilidades de las entidades participantes.
Buenaventura: préstamo de más de 76 millones de dólares sin obras
El segundo caso se encuentra en Buenaventura, Valle del Cauca, donde se había previsto una inversión para mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado.
En 2019, el Ministerio de Vivienda solicitó un préstamo internacional superior a 76 millones de dólares para atender estas necesidades.
No obstante, la auditoría encontró que las intervenciones previstas todavía no habían comenzado.
La situación resulta especialmente preocupante porque el proyecto también ha generado costos financieros.
Según el balance presentado por Beltrán, estos costos ya superan los 2 millones de dólares.
Además, el préstamo obliga a mantener recursos del presupuesto nacional reservados para atender las obligaciones correspondientes.
De esta manera, la falta de ejecución no solo retrasa las mejoras de los servicios públicos, sino que también representa una carga financiera para el Estado.
¿Por qué preocupa el préstamo internacional de Buenaventura?
Los créditos destinados a proyectos de infraestructura pueden generar obligaciones financieras incluso cuando las obras presentan retrasos.
Por esta razón, resulta fundamental que las inversiones cuenten con estudios, cronogramas y mecanismos de ejecución adecuados.
En el caso de Buenaventura, las autoridades deberán establecer las razones por las cuales no comenzaron las intervenciones previstas.
También tendrán que examinar la naturaleza de los costos financieros acumulados y las condiciones del préstamo.
El anuncio del ministro no precisa qué proporción del crédito ha sido desembolsada ni detalla la composición de los más de 2 millones de dólares en costos.
Estos aspectos serán importantes para evaluar el impacto económico del proyecto.
Mientras tanto, las comunidades siguen necesitando mejoras en el acceso al agua y en los sistemas de alcantarillado.
Ciénaga, Magdalena: obras suspendidas y $4.700 millones pendientes
El tercer hallazgo se ubica en Ciénaga, Magdalena, donde en 2021 se proyectó la optimización de las redes de acueducto.
La iniciativa buscaba mejorar la infraestructura necesaria para prestar el servicio de agua a la población.
Sin embargo, desde comienzos de 2026 los trabajos se encuentran completamente suspendidos.
La auditoría identificó problemas de planeación y coordinación, además de la ausencia de una solución técnica y financiera definitiva para continuar el proyecto.
Según el ministro Beltrán, se necesitan cerca de $4.700 millones adicionales para finalizar las obras.
La cifra representa un desafío para las entidades responsables, que deberán definir cómo superar las dificultades identificadas y garantizar la continuidad de la inversión.
La suspensión también implica que las familias beneficiarias continúan esperando los resultados de una obra concebida para mejorar sus condiciones de vida.
Falta de planeación y coordinación, entre las principales alertas
En el caso de Ciénaga, el ministro fue enfático en señalar las deficiencias encontradas durante la revisión.
Beltrán explicó que el proyecto no cuenta actualmente con una solución técnica y financiera definitiva que permita asegurar su terminación.
La situación evidencia la importancia de estructurar adecuadamente las obras antes de iniciar su ejecución.
Los proyectos de acueducto requieren estudios técnicos, diseños, presupuestos y coordinación entre diferentes entidades.
Cuando estos elementos presentan fallas, pueden producirse suspensiones, sobrecostos y retrasos que afectan directamente a los usuarios.
Por ahora, el Ministerio no ha anunciado una fecha de reinicio ni un cronograma definitivo para terminar las intervenciones en Ciénaga.
Las cifras que encendieron las alarmas
| Municipio | Proyecto | Hallazgo anunciado |
| Riohacha, La Guajira | Alcantarillado por cerca de $30.000 millones | Avance físico del 0 %, pese a giros superiores a $3.600 millones |
| Buenaventura, Valle del Cauca | Agua y alcantarillado con préstamo superior a US$76 millones | Intervenciones sin iniciar y más de US$2 millones en costos financieros |
| Ciénaga, Magdalena | Optimización de redes de acueducto | Obras suspendidas y necesidad de cerca de $4.700 millones para terminarlas |
Las cifras corresponden a conceptos distintos: valores de convenios, préstamos, desembolsos, costos financieros y recursos pendientes. Por lo tanto, no deben sumarse como si representaran un único monto de dinero perdido.
Ministro anuncia traslado de los hallazgos a organismos de control
Ante los resultados de la auditoría, Jaime Andrés Beltrán anunció que pondrá los tres casos en conocimiento de las autoridades competentes.
El propósito es que los organismos de control examinen la información y establezcan las circunstancias que llevaron a la parálisis de los proyectos.
Las investigaciones deberán determinar si existieron fallas de gestión, incumplimientos contractuales o conductas que puedan generar responsabilidades.
El ministro aseguró que su administración no ocultará los resultados de la revisión.
También insistió en que las dificultades encontradas deben aclararse porque se trata de inversiones destinadas a mejorar servicios esenciales.
La remisión de los hallazgos no equivale a una condena ni confirma automáticamente la existencia de corrupción. Corresponderá a las autoridades evaluar las pruebas.
“Aquí no vamos a esconder nada”: el mensaje de Beltrán
El ministro expresó su preocupación por la situación de las comunidades que todavía esperan la terminación de los proyectos.
Durante su pronunciamiento, señaló que las deficiencias encontradas plantean interrogantes sobre la administración de recursos destinados al agua y al saneamiento básico.
Beltrán sostuvo que la falta de planeación y coordinación ha impedido obtener los resultados esperados.
Además, reiteró que los hallazgos serán puestos a disposición de las autoridades para que se esclarezca lo sucedido.
“Aquí no vamos a esconder nada, ni vamos a mirar para otro lado”, afirmó el funcionario.
Su declaración marca la posición del Ministerio frente a los resultados de la auditoría y al proceso de revisión de la gestión de administraciones anteriores.
El impacto de las obras paralizadas sobre las comunidades
Más allá de los recursos comprometidos, los tres proyectos tienen un elemento en común: estaban destinados a mejorar servicios esenciales.
En Riohacha, la infraestructura de alcantarillado debía contribuir a atender los problemas de inundaciones.
En Buenaventura, las inversiones estaban orientadas a mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado.
En Ciénaga, el objetivo era optimizar las redes que permiten prestar el servicio de agua.
Cuando este tipo de proyectos no avanza, las consecuencias recaen sobre las comunidades que necesitan soluciones.
Las demoras también pueden incrementar los costos de las intervenciones y dificultar su terminación.
Por eso, además de investigar posibles irregularidades, será necesario definir medidas para que las obras puedan ejecutarse o reanudarse.
¿Qué sigue para los proyectos de Riohacha, Buenaventura y Ciénaga?
Después del anuncio ministerial, uno de los pasos será el traslado de los hallazgos a los organismos de control.
Estas entidades deberán determinar qué actuaciones corresponden en cada caso y si existen elementos para iniciar o profundizar investigaciones.
De manera paralela, el Ministerio tendrá que evaluar las alternativas técnicas, contractuales y presupuestales para superar los problemas identificados.
En Riohacha, el desafío será esclarecer el destino de los recursos desembolsados y definir cómo iniciar las obras.
En Buenaventura, será necesario revisar las condiciones del préstamo y las razones por las cuales las intervenciones no han comenzado.
En Ciénaga, la prioridad será encontrar una solución técnica y financiera que permita terminar el proyecto suspendido.
Hasta ahora, no se han anunciado fechas definitivas de ejecución para estas tres intervenciones.
Tres hallazgos que ponen bajo la lupa la inversión pública
La auditoría forense del Ministerio de Vivienda reveló situaciones preocupantes en tres municipios que requieren inversiones urgentes en agua potable y saneamiento básico.
Los resultados muestran un convenio de alcantarillado sin avance físico en Riohacha, un préstamo internacional que acumula costos financieros sin intervenciones iniciadas en Buenaventura y un proyecto de acueducto suspendido en Ciénaga.
El anuncio abre interrogantes sobre la planeación, la supervisión y la ejecución de recursos públicos destinados a servicios esenciales para miles de ciudadanos.
Ahora, los organismos de control deberán establecer si existieron irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades.
Mientras avanzan las verificaciones, las comunidades de La Guajira, Valle del Cauca y Magdalena continúan esperando que las inversiones se conviertan en obras terminadas y servicios efectivos.
