El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se reunió con el presidente Gustavo Petro para abordar cuestiones cruciales para el Caribe colombiano. Cepeda subrayó la importancia de acelerar los proyectos de infraestructura como el Canal del Dique y la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, esenciales para el desarrollo de la región. Durante el encuentro, Cepeda también manifestó su preocupación por las elevadas tarifas de energía que afectan a la región Caribe. «Las tarifas de energía están impactando severamente a los hogares y empresas, y es imperativo encontrar una solución que alivie esta carga», expresó Cepeda. Además, Cepeda planteó su alarma por el recorte del 40% al presupuesto del sector vivienda, un área vital para el empleo y la economía. Destacó la necesidad de un diálogo constructivo con el sector privado y el Congreso para abordar estos desafíos y promover el crecimiento económico. Finalmente, Cepeda enfatizó que el Congreso revisará minuciosamente cualquier reforma tributaria y criticó la baja ejecución presupuestal por parte de algunos ministerios, lo que afecta negativamente la estabilidad económica del país.

La región Caribe colombiana se prepara para una transformación sin precedentes con la ejecución del megaproyecto de restauración del Canal del Dique. Este ambicioso plan, que abarca áreas de Bolívar, Atlántico y Sucre, busca mitigar los problemas ambientales, sociales y económicos que afectan a esta histórica vía fluvial, mientras genera impactos positivos de largo alcance. Beneficios destacados del megaproyecto 1. Control del agua y mitigación de desastres naturales El proyecto incluye la construcción de esclusas y compuertas estratégicas en puntos clave como Calamar y Puerto Badel. Estas infraestructuras permitirán: 2. Mejoras ambientales Con una inversión de $3,2 billones de pesos colombianos, el proyecto busca restaurar ecosistemas y preservar la biodiversidad. Entre los beneficios ambientales están: 3. Impacto económico positivo La región experimentará un impulso económico gracias a: 4. Fortalecimiento de la infraestructura El dragado y mantenimiento continuo del canal garantizarán: 5. Seguridad alimentaria y desarrollo comunitario La restauración de los ecosistemas mejorará las condiciones para la pesca y la agricultura, actividades fundamentales para las comunidades locales. Esto permitirá: 6. Sostenibilidad a largo plazo Durante los próximos 15 años, se llevará a cabo un plan de operación y mantenimiento que garantizará la sostenibilidad de las obras y la protección de las inversiones realizadas. Un modelo para la recuperación ambiental Este megaproyecto representa una intervención histórica que combina el desarrollo humano y económico con la conservación del medio ambiente. Más allá de solucionar problemas inmediatos, el Canal del Dique se perfila como un modelo de integración entre infraestructura y sostenibilidad en Colombia. La región Caribe no solo verá un alivio frente a las amenazas naturales y sociales que históricamente han afectado al canal, sino que también encontrará en este megaproyecto una plataforma para el desarrollo, la resiliencia y la prosperidad.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.