La Procuraduría General de la Nación mantiene vigilancia especial sobre el proyecto con el que la Alcaldía de Cartagena busca crear una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios, iniciativa que actualmente avanza en el Concejo Distrital y que tendría incidencia directa en la prestación de servicios como acueducto, alcantarillado y aseo.
El Ministerio Público ha advertido que una transformación de este alcance debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, financieros, patrimoniales, ambientales y de gestión del riesgo que permitan determinar de forma objetiva si el nuevo modelo representa la mejor alternativa para Cartagena. También ha insistido en que cualquier transición debe garantizar la continuidad, cobertura, eficiencia y sostenibilidad de los servicios.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los efectos que podría tener el cambio de modelo sobre los usuarios. La Procuraduría ha solicitado claridad frente a aspectos como las tarifas, la facturación, el recaudo, la atención de peticiones, quejas y reclamos, así como los mecanismos que se aplicarían para responder ante emergencias durante una eventual transición.
Durante las discusiones en el Concejo, el procurador Regional de Bolívar, Raúl Guerrero, señaló que el agua potable y el saneamiento básico requieren decisiones sustentadas en planeación y en el cumplimiento del marco legal. Entre las condiciones señaladas por el organismo aparecen una transición organizada, cronogramas definidos, protocolos operativos, medidas de contingencia y garantías para proteger tanto a los usuarios como al patrimonio público.
La Procuraduría también pidió información detallada sobre el estado actual de la infraestructura, las inversiones ejecutadas, los riesgos que podría enfrentar la continuidad del servicio y las consecuencias técnicas y operativas derivadas de un cambio en el esquema que actualmente funciona en Cartagena.
¿Qué propone la Alcaldía de Cartagena?
El Proyecto de Acuerdo 116 de 2026 plantea crear una empresa oficial vinculada al sector descentralizado del Distrito. Aunque tendría como uno de sus ejes principales los servicios de acueducto y alcantarillado, su objeto también contempla actividades relacionadas con aseo, energía eléctrica, alumbrado público y otros servicios permitidos por la legislación.
La propuesta presentada por la administración del alcalde Dumek Turbay busca que Cartagena tenga una empresa pública con capacidad para planear, administrar, construir, mantener y operar infraestructura destinada a la prestación de estos servicios. La Alcaldía ha señalado que el modelo sería de propiedad del Distrito y que busca aumentar el control público sobre áreas consideradas estratégicas para la ciudad.
Además, el proyecto contempla autorizar al alcalde para aportar hasta $10.000 millones destinados a la conformación del patrimonio inicial de la nueva entidad, así como realizar las actuaciones necesarias para reorganizar el actual esquema de prestación de los servicios públicos.
El debate continúa
La creación de la empresa ha generado posiciones distintas entre la administración, concejales y representantes de los gremios económicos. Desde sectores empresariales se ha pedido que, independientemente de la decisión final, cualquier cambio garantice estabilidad financiera, gobierno corporativo, capacidad de inversión y, especialmente, que los cartageneros no sufran interrupciones en el suministro de agua y demás servicios esenciales.
Por ahora, la Procuraduría ha aclarado que su actuación preventiva no significa un respaldo ni un rechazo al proyecto. Su intervención busca vigilar el proceso y exigir que las decisiones que adopten el Distrito y el Concejo se ajusten a la Constitución, protejan los recursos públicos y no generen riesgos para los usuarios de Cartagena.
