Lo que durante décadas fue una necesidad insatisfecha, hoy comienza a convertirse en realidad para cientos de habitantes de Pueblo Nuevo, corregimiento de María La Baja. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, puso en marcha la construcción del nuevo sistema de acueducto que llevará agua potable por primera vez a esta comunidad etnocampesina de los Montes de María.
La obra beneficiará a más de 700 personas, cerca de 200 familias que por años han enfrentado dificultades para acceder a un servicio básico y fundamental para la salud y la calidad de vida.
Con una inversión superior a los 2.110 millones de pesos, el proyecto hace parte del programa “Somos Agua, Somos Vida”, estrategia con la que la Gobernación de Bolívar busca cerrar las brechas históricas en materia de acceso al agua potable en las zonas rurales del departamento. Este será el acueducto número 23 impulsado dentro de esta iniciativa.
“Estamos llegando a territorios que durante años fueron olvidados. Nuestro compromiso es garantizar que ningún bolivarense siga esperando por un derecho tan esencial como el agua potable”, afirmó el gobernador Yamil Arana durante el inicio de las obras.
El nuevo sistema contará con un pozo profundo de 100 metros, planta de tratamiento de agua potable, tanque elevado con capacidad de 50 metros cúbicos, sistema de energía solar, más de 2.600 metros de redes de distribución y 104 acometidas domiciliarias, infraestructura que permitirá garantizar un servicio continuo y de calidad para la comunidad.
La gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, destacó que este es el sexto proyecto de agua potable que se ejecuta en María La Baja y resaltó el impacto social que tendrá para las familias beneficiadas.
Actualmente, la administración departamental ha entregado nueve acueductos en Bolívar y mantiene en ejecución 22 proyectos de agua potable y seis de saneamiento básico. La construcción estará a cargo del Consorcio María La Baja PN y tendrá una duración estimada de seis meses.
“Abrir una llave y tener agua”: el sueño que se hará realidad para 200 familias en Pueblo Nuevo, María la Baja
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Por primera vez pagarán a campesinos por cuidar y conservar árboles
Atención porque por primera vez en Montería, es adjudicado un contrato de Pago por Servicios Ambientales, una figura del gobierno donde por medio de un incentivo económico en dinero o en especie, se reconoce las acciones y las prácticas asociadas a la preservación y restauración de ecosistemas, que permiten minimizar conflictos en el uso del suelo y así favorecer el mantenimiento y la generación de servicios ambientales. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, dio a conocer la adjudicación del contrato de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) por valor de $11.000 millones, para la conservación de los árboles sembrados a través del pago de incentivos económicos a los campesinos y participantes donde se realizó la siembra. El proyecto incluye la contratación de 10 guardabosques por tres años. Se conoce que, previa verificación del buen estado de los árboles por parte de la administración y la CVS, el pago por hectárea será de $936.600 durante esta vigencia, $977.184 en 2026 y $1.016.271 en 2027, lo que genera más rentabilidad que la ganadería. El alcalde añadió que “de esta manera contribuimos en la generación de empleo e ingresos de los monterianos que antes tenían la tierra improductiva volviéndolas rentables y sostenibles a la vez. Además, con este nuevo contrato vamos a sembrar 211.000 árboles lo que nos acerca mucho más a nuestra meta del cuatrienio de 800.000 árboles”. Finalmente, Kerguelén García indicó que “a la fecha ya hemos sembrado más de 411.000 árboles en la cuenca del Betancí para contrarrestar los efectos del cambio climático, pero nuestro compromiso no llega hasta ahí porque lo fácil es la siembra, queremos ir más allá para que esta acción sea efectiva, de ahí que debemos estar pendientes que estos árboles crezcan, se consoliden y cumplan su objetivo de absorción de 1.000 toneladas de CO2 al año, 650 de los 411.000 árboles sembrados y 350 de los 211.000 nuevos árboles que se sembrarán”.
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Una nueva disputa enfrenta el Plan de Alimentación Escolar en Cartagena; esta vez, empresa contratista denuncia penalmente a un medio de comunicación “por presuntamente emitir información injuriosa y calumniosa”. Según la información publicada por la el medio, el ente acusador se encontraría investigando presuntas irregularidades en la ejecución del contrato del PAE en Cartagena, que involucra a la empresa Unión Temporal Bienestar Colectivo. La publicación dice que el contrato, valorado en casi 38.5 mil millones de pesos, estaría bajo la lupa por posibles violaciones a la normativa de contratación pública y la gestión de las bodegas donde se almacenan los alimentos para los estudiantes pues las instalaciones aprobadas, no cumplirían con los requisitos de seguridad sanitaria exigidos por la ley. Ante esto, la representante legal de UTBC Paola Lorduy Castro manifiesta que ninguno de los hechos denunciados han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y que a la fecha 15 de noviembre, no se encuentra la organización que representa vinculada ningún proceso penal. Ante estos hechos, Unión Temporal Bienestar Colectivo decidió instaurar una denuncia por injuria y calumnia iniciando así la disputa legal por esclarecer los hechos.
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