El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, denunció el secuestro del productor ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar, hecho que atribuyó presuntamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este suceso se suma a otros casos recientes, como el secuestro de cinco ganaderos en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, y el caso del productor Cristian Serrano, privado de la libertad en noviembre de 2024, quien fue liberado mediante un canje por su hermana. A través de sus redes sociales, Lafaurie informó que el vehículo del ganadero Peña fue hallado abandonado hacia las 2:00 p.m. y que las autoridades competentes ya adelantan las acciones correspondientes. Fedegán manifestó solidaridad con la familia del productor e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades para que se garantice su regreso. En paralelo, el dirigente gremial se refirió a las recientes invasiones a predios ganaderos en distintos puntos del país. Según Lafaurie, detrás de estas acciones hay una estrategia organizada por grupos que se identifican como “recuperadores de la tierra”, y que cuentan con respaldo de algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA). En su columna publicada en medios nacionales, el presidente de Fedegán identificó tres elementos comunes en estos procesos: el respaldo de ONG que agrupan comunidades rurales bajo la bandera de la recuperación de tierras; la presencia de agitadores que promueven discursos políticos entre los ocupantes; y el papel de las denominadas Guardias Campesinas, que actúan de manera organizada. Lafaurie también se refirió a la distribución de tierras en el país. Citó cifras del censo de 2018 para afirmar que los pueblos indígenas, que representan el 4,4 % de la población, son propietarios de 39 millones de hectáreas. Cuestionó que la ampliación de resguardos siga siendo una demanda activa y señaló que las comunidades indígenas cuentan con justicia especial y mecanismos de contratación directa con el Estado, habilitados desde gobiernos anteriores.

Luego de lo ocurrido el pasado 23 de septiembre en el corregimiento insular de isla Fuerte, que dejó como resultado 4 personas muertas y alteraciones de orden público, las autoridades en Cartagena encabezada  por la Alcaldía se comprometieron a garantizar la seguridad en el territorio. Según las autoridades, ya están instalados uniformados de la Infantería de Marina para la militarización permanente de la isla.  Estas acciones también incluyen el regreso del inspector de Policía, Irene Barrios, aun cuando se encuentra bajo amenazas. Sin embargo, desde la secretaria del interior se comprometieron a brindarle acompañamiento al inspector para que pueda continuar ejerciendo sus funciones. Bruno Hernández, secretario del interior, destacó que el compromiso con la comunidad es primordial y anunció que pronto comenzarán las adecuaciones en la oficina de la inspección de Policía para garantizar los derechos de los nativos.  «En isla Fuerte no están solos, esta administración los escucha y gobierna desde el territorio,» agregó Hernández