El gobernador, Yamil Arana, expresó su oposición al proyecto de acto legislativo presentado por la representante Dorina Hernández, que busca crear el departamento «Surcaribe» a través de la separación de 15 municipios bolivarenses. Arana calificó la iniciativa como un «despropósito total» y subrayó que, en lugar de dividir el territorio, el país necesita promover la unidad entre sus regiones. Así mismo, resaltó que la propuesta de Hernández, quien fue elegida bajo el «Pacto Histórico», podría tener graves consecuencias para la cohesión territorial de Bolívar. Según el mandatario, los recursos que se destinarían al proceso administrativo de creación del nuevo departamento, deberían ser invertidos en proyectos de infraestructura que beneficien a los municipios del sur de Bolívar. «Necesitamos una universidad en el sur, puentes que conecten la región, un mega aeropuerto y un hospital de tercer nivel», enfatizó Arana. Además de cuestionar la distribución de recursos, el gobernador expresó dudas sobre la capacidad de Aguachica, municipio propuesto como capital del hipotético nuevo departamento, para asumir esa responsabilidad, señalando que Aguachica podría no contar con las condiciones necesarias para ser la sede administrativa de un nuevo ente territorial. El proyecto de Hernández ha generado un fuerte debate, no solo por la división de Bolívar, sino también porque afectaría territorios de otros departamentos como Magdalena, César y Norte de Santander, que perderían municipios en favor del nuevo departamento «Surcaribe».

El departamento de Bolívar está en camino de establecer una Política Pública Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, un hecho significativo ya que es la primera vez que se desarrolla un documento de esta naturaleza en la región. El gobernador Yamil Arana Padauí, principal impulsor de este proyecto, ha señalado que el objetivo fundamental es fomentar una cultura de derechos humanos entre todos los habitantes del departamento. «Bolívar está en proceso de desarrollar un documento que recogerá las contribuciones de todos los sectores de la sociedad. Queremos proporcionar a los habitantes de Bolívar una hoja de ruta para la promoción, defensa, protección y garantía de los derechos humanos«, explicó Arana. Karla Castro, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de la Igualdad, considera este proyecto como una oportunidad histórica. Según Castro, «es un trabajo articulado y coordinado con cada uno de los sectores para que esta Política Pública sea integral, contenga soluciones para mitigar las brechas sociales y fortalezca la cultura de derechos humanos». Además, la política pública busca fortalecer los deberes ciudadanos, construir la paz en Bolívar y mejorar la coordinación entre actores, instancias y políticas públicas en la prevención, promoción, seguimiento y garantía de derechos. El proceso de formulación de esta política se encuentra actualmente en la fase de diagnóstico, que se espera finalizar a finales de este año. La propuesta será presentada al consejo de política social, con el objetivo de tener la formulación final de la política pública a mediados de 2025. Esta estrategia busca atender las necesidades del territorio, considerando las particularidades del sur, el norte y el centro del departamento, y abordando temas como salud, educación, servicios públicos, seguridad y seguridad alimentaria.