Transcaribe, empresa de transporte masivo de la ciudad de Cartagena, convoca a más de 30 propietarios de vehículos de Transporte Público Colectivo (TPC)  que ha sido incluidos en el proceso de reconocimiento económico por desintegración física de sus vehículos que se reactivó en septiembre del 2023, que no han hecho entrega de la documentación necesario o no manifiestan su intención de seguir en el proceso. Por ello, la empresa ha dado un plazo de treinta días para que los propietarios puedan tomar o no la decisión de seguir con el proceso de incentivo económico. Este llamado se realiza a través de la solicitud del oficio TC-DO-07.01-00157-25, de referencia a «Solicitud de prestación de documentación o manifestación de voluntad en el proceso de reconocimiento económico por desintegración física», publicado en la página web de Transcaribe.  En el entendido que el proceso se reactivó el proceso, Transcaribe a corte del 21 de enero activa un plazo de 30 días para que dichos propietarios manifiesten su postura en este proceso de chatarrización. En caso dado de recibir respuesta en el correo estipulado por Transcaribe: fudo@transcaribe.gov.co se procederá a la liberación de los recursos comprometidos.  Las placas de cuyos propietarios no se ha recibido comunicación alguna, y que tendrán plazo de 30 días para responder, son las siguientes: SEK985, SPI194, SPI230, SRR654, TES169, TTB277, UAF562, UAH180, UAI308, UAK211, UAK234, UAK477, UAL261, UAL679, UAM187, UAM191, UAM796, UAN039, UAN586, UAN869, UAO047, UAP899, UAQ054, UAQ455, UAQ647, UAQ671, UAR029, UAR943, UVQ593, UVS622, UVU531, UVV211, UVX595, UYN402, WGM478, XLL214.

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.