La Contraloría General de la República archivó el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba contra varios exfuncionarios del Distrito de Cartagena por presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo 011 de 2017. La investigación señalaba un posible mal uso de recursos destinados a la compra de equipos tecnológicos y a actividades de soporte y capacitación. 
Según el ente de control, los hallazgos iniciales hablaban de un presunto daño patrimonial superior a los 870 millones de pesos relacionado con la adquisición de tablets y servicios tecnológicos, además de más de 1.500 millones asociados a la subcontratación de personal. Sin embargo, la defensa logró demostrar que los recursos fueron ejecutados conforme a la normativa y a los términos contractuales. 
Los exfuncionarios investigados, entre ellos Roque Ismael Bossio, María Barbosa Patiño y Adriana Meza Yepes, fueron absueltos tras comprobarse que no existió detrimento al erario. Los informes periciales y la documentación técnica presentados evidenciaron que los recursos permitieron mejorar de manera significativa la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, alcanzando casi el 100% de efectividad respecto al año anterior. 
La firma Bossio Lawyers, que lideró la defensa, destacó que la subcontratación con Konecta Temporal Ltda. cumplió con todos los requisitos legales y laborales, sin generar perjuicio fiscal. Este resultado reafirma su compromiso con la transparencia y la protección de los servidores públicos involucrados en procesos complejos.
