La falta de fondos federales ha dejado sin salario a 2.000 controladores aéreos, lo que amenaza con paralizar parcialmente el tráfico aéreo del país.
Noticia:
La crisis presupuestaria en Estados Unidos ya comienza a sentirse en los cielos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que el Gobierno reducirá en un 10% la actividad de 40 aeropuertos a partir de este viernes 7 de noviembre, si la parálisis federal continúa.
“Una de las medidas será la reducción del 10% en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, explicó Duffy en rueda de prensa.
La medida responde a la escasez de unos 2.000 controladores aéreos, quienes no han recibido salario desde hace un mes debido al cierre del Gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos.
Southwest Airlines señaló que “está evaluando cómo las restricciones de vuelo planificadas afectarán nuestro horario y comunicará directamente con los clientes tan pronto como sea posible”. A su vez, la agrupación Airlines for America advirtió que “la medida podría generar incertidumbre para los pasajeros”, recomendando verificar el estado de sus vuelos ante posibles demoras o cancelaciones.
De acuerdo con estimaciones del Departamento de Transporte, entre 4.000 y 4.500 vuelos diarios —comerciales y de carga— podrían verse afectados. Los aeropuertos de Phoenix (Arizona) y Newark (Nueva Jersey) ya reportan retrasos en vuelos internacionales y tiempos de espera de hasta tres horas.
El administrador federal de Aviación, Brian Bedford, aseguró que el sistema “sigue siendo extremadamente seguro”, pero advirtió que podrían tomarse nuevas medidas si la presión continúa. “Nuestros controladores no han recibido su salario desde hace un mes. Queremos que vuelvan a trabajar con normalidad lo antes posible”, agregó.
El cierre del Gobierno comenzó el 1 de octubre y ya ha superado los 35 días del cierre ocurrido en 2018-2019, durante la administración de Donald Trump. Actualmente, cerca de 1,4 millones de empleados públicos permanecen sin recibir pago, aunque muchos de ellos, como los controladores y fuerzas de seguridad, deben seguir cumpliendo funciones consideradas esenciales.
