El auge de las criptomonedas en Colombia viene acompañado de un preocupante aumento de fraudes piramidales. La educación financiera y una regulación efectiva son claves para evitar caer en estafas.

Colombia se encuentra en una posición ambivalente en el mapa de las finanzas digitales. Por un lado, el país vive un auge en el uso de criptomonedas, con cerca de cinco millones de usuarios que ya integran activos digitales como el bitcoin en sus portafolios. 

Por otro lado, un estudio realizado en 2024 reveló que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de estafas piramidales, una estadística alarmante que pone en evidencia la urgencia de fortalecer la educación financiera y la regulación del ecosistema cripto.

Criptomonedas y fraude: una combinación peligrosa sin educación ni regulación

La masificación del uso de criptomonedas en Colombia ha generado grandes oportunidades, pero también ha abierto la puerta a esquemas fraudulentos que se aprovechan del desconocimiento de los usuarios. 

Las estafas piramidales —también conocidas como esquemas Ponzi— se presentan bajo la fachada de inversiones legítimas, ofreciendo rendimientos garantizados y rápidos, muchas veces asociados al trading de criptomonedas o la minería digital.

La evolución del fraude también se da en el terreno tecnológico. Los estafadores están utilizando inteligencia artificial (IA) para sofisticar sus estrategias. Desde la creación de identidades falsas hasta la automatización de mensajes en redes sociales y chats, estas herramientas les permiten ampliar su alcance y atacar a miles de víctimas potenciales simultáneamente.

En este contexto, los usuarios de criptomonedas deben redoblar la cautela. Identificar señales de alerta —como promesas de rentabilidad asegurada, falta de transparencia sobre los mecanismos de inversión o presión para reclutar a otros participantes— es fundamental para evitar caer en este tipo de trampas.

¿Por qué es tan caro el fraude en Colombia?

Además del daño a nivel personal, las estafas generan pérdidas significativas para las empresas. Según el estudio «El verdadero costo del fraude en América Latina», por cada peso perdido por fraude en Colombia, las empresas asumen un costo real de 3,76 veces más. 

Este gasto adicional incluye costos legales, operativos, de reputación y medidas de mitigación, lo que demuestra que el impacto va mucho más allá del dinero directamente robado.

A nivel regional, el problema se agrava: el 51% de las pérdidas por fraude proviene de canales digitales, superando por primera vez al fraude físico tradicional. 

Esto refleja cómo los ciberdelincuentes han adaptado sus tácticas, aprovechando la velocidad, el anonimato y la naturaleza transfronteriza de las transacciones digitales para ejecutar fraudes cada vez más difíciles de rastrear.