El Parque Lineal de Crespo fue testigo de la energía y entusiasmo durante la mañana de este domingo con el Unisinú Running 5K 2024, un evento deportivo que reunió a más de 750 personas en una jornada inolvidable. Desde las 5:20 de la mañana, familias, estudiantes, docentes y deportistas recorrieron con determinación cada kilómetro, destacando la promoción de hábitos saludables enfoque en la recreación, la salud y un moderado toque competitivo. La actividad no solo logró su objetivo de incentivar el bienestar, sino que también se convirtió en una celebración para quienes disfrutan del deporte. «El Unisinú Running 5K no es solo una carrera, es una experiencia que nos motiva a seguir creciendo y avanzando juntos», expresó uno de los organizadores con orgullo. Gracias a una organización impecable y a la masiva participación, el evento dejo una gran huella en su trayectoria, consolidándose como una cita imperdible en el calendario deportivo de la ciudad.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.